BAJO LA LUPA
Un fallo del juez federal Martín Bava ordena al Ministerio de Economía a presentar, en un plazo de cinco días, toda la documentación vinculada al DNU que aprobó el préstamo de u$s20.000 millones.
La Justicia federal de Dolores intimó al ministro de Economía, Luis Caputo, a entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025, que autorizó un crédito de u$s20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La resolución fue firmada por el juez Martín Bava, en el marco de un amparo presentado por la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y el CELS.
El magistrado fundamentó su decisión en la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275), que establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información del Estado sin necesidad de justificar su interés. “En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades se rijan por el principio de máxima divulgación”, sostuvo Bava.
El caso
El amparo fue iniciado el 27 de junio de 2025 por el abogado Francisco Verbic, junto a Leonel Bazán y Diego Morales (CELS), con el objetivo de que se declare la ilegalidad de la negativa del Ministerio de Economía a brindar información sobre el acuerdo con el FMI.
Según denunciaron los organismos, la cartera de Caputo eludió entregar la documentación, incluso tras haber tramitado el pedido bajo la Ley 27.275 y solicitar prórrogas. Finalmente, derivó el requerimiento a un procedimiento administrativo, lo que fue interpretado como una maniobra para ocultar información pública.
El fallo
El juez Bava resolvió:
“Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por Francisco Verbic, ordenando al Ministerio de Economía a que, conjuntamente con la Agencia de Acceso a la Información Pública, procedan, en el plazo de cinco (5) días hábiles, a garantizar el acceso a la totalidad del expediente administrativo relacionado al DNU 179/2025 (crédito FMI), con todos sus archivos, anexos y actuaciones conexas”.
La resolución remarca que la Ley 27.275, sancionada en democracia y con amplio consenso, prevalece sobre la normativa de procedimientos administrativos dictada en gobiernos de facto. Además, recuerda que la Corte Suprema estableció que la información pública “no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”.
Relevancia
El fallo reafirma que el derecho al acceso a la información pública es un pilar del control democrático, más aún en decisiones de alto impacto económico como un préstamo con el FMI. Además, marca un precedente sobre la supremacía de la transparencia frente a intentos estatales de restringir o dilatar el acceso a la información.
