LEY DE INOCENCIA FISCAL
El Gobierno presentó la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que reconfigura buena parte del sistema impositivo y del régimen penal tributario. La propuesta incluye aumentos masivos en multas, cambios en los plazos de prescripción, nuevas reglas para las denuncias fiscales y un esquema simplificado para personas humanas. Aunque busca reducir la litigiosidad y actualizar montos desfasados por la inflación, especialistas advierten que varios puntos relajan controles y favorecen la despenalización de la evasión.
Un régimen penal tributario con barreras más altas
El primer cambio de peso es la actualización de los montos mínimos que permiten iniciar una causa penal: el proyecto los incrementa entre 70 y 200 veces, lo que deja fuera de la órbita judicial a las evasiones pequeñas y medianas. De este modo, solo los casos de mayor impacto económico quedarían expuestos a procesos penales.
El texto también amplía la posibilidad de extinguir la acción penal por pago, incluso en expedientes ya abiertos. Si el contribuyente cancela la deuda —o paga un adicional del 50% en casos en curso— puede evitar o cerrar el proceso, lo que constituye un giro significativo en la lógica sancionatoria.
Otro punto central es que ARCA no podrá denunciar penalmente ajustes basados en presunciones o diferencias interpretativas. Para el Gobierno, esto reduce la criminalización de conflictos técnicos; para críticos, debilita las herramientas de control fiscal.
Multas reajustadas y nuevos plazos de prescripción
La Ley 11.683 recibe una actualización integral de su régimen de multas, cuyos valores se multiplican entre 100 y 1.000 veces, con el argumento de recomponer parámetros deteriorados por años de inflación.
En cuanto a la prescripción, se mantienen los plazos tradicionales —cinco años para inscriptos, diez para no inscriptos—, pero se incorpora un plazo reducido de tres años para contribuyentes que presenten declaraciones en tiempo y forma y no registren discrepancias significativas. Esta nueva categoría se vincula con los umbrales del régimen penal tributario y busca fomentar el cumplimiento voluntario.
Cambios en el Código Civil y armonización normativa
El proyecto fija en cinco años el plazo de prescripción general en materia civil y establece que los tributos provinciales y municipales deberán regirse por los criterios de la Ley 11.683. También actualiza normas relacionadas con la seguridad social para unificar criterios e introducir mayor coherencia en el sistema.
Nuevo régimen simplificado para personas humanas
La iniciativa incluye un régimen opcional para personas humanas dentro de determinados límites de ingresos y patrimonio. Allí, ARCA generará una declaración jurada sugerida del Impuesto a las Ganancias: si el contribuyente la acepta y realiza el pago, adquiere un efecto liberatorio total.
Además, se introduce una presunción de exactitud sobre declaraciones anteriores —incluidas las de IVA—, siempre que no existan discrepancias graves o uso de comprobantes apócrifos. Según el Gobierno, este mecanismo reduciría la carga administrativa y el riesgo fiscal percibido por los contribuyentes.
Con estos cambios, el oficialismo busca un rediseño profundo del sistema tributario. Sin embargo, la oposición y especialistas alertan que la reforma podría beneficiar a evasores y limitar la capacidad estatal para detectar y sancionar irregularidades.
