El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal y modificó el esquema de multas automáticas, luego de las críticas por el fuerte aumento de los montos sancionatorios. La medida buscó reducir el impacto sobre las pymes, que habían advertido riesgos para su continuidad operativa.
Según lo dispuesto, las intimaciones automáticas dejarán de aplicarse de forma generalizada. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el análisis será individual, con avisos previos que permitirán regularizar situaciones antes de iniciar un sumario sancionatorio.

Además, las pymes quedarán exentas de multas si presentan las declaraciones juradas y pagan los tributos en tiempo y forma, o si adhieren a planes de facilidades de pago. También se habilitó un plazo para corregir errores sin que se considere una discrepancia relevante.
Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es preservar la actividad productiva, sin resignar capacidad de control fiscal. La reglamentación apuntó a equilibrar la recaudación con la protección del empleo y evitar que la automatización genere sanciones injustas.



