REFORMA FISCAL
La implementación de la Ley de Inocencia Fiscal generó un fuerte impacto en el ámbito judicial: más de 4.000 causas penales por evasión de impuestos que habían sido impulsadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) quedaron sin efecto tras la actualización de los montos que definen cuándo una maniobra se considera delito.
De acuerdo con información oficial del organismo, 4.199 expedientes en trámite no superarían los nuevos límites establecidos por la normativa. La cifra contempla únicamente las denuncias presentadas por la ex AFIP, mientras que las causas iniciadas por terceros continúan bajo análisis de la Justicia.
La reforma modificó de manera significativa los parámetros del régimen penal tributario. Desde ahora, la evasión simple se configura cuando el monto supera los $100 millones, mientras que la evasión agravada comienza a partir de $1.000 millones, valores muy superiores a los que regían anteriormente.
Ante este cambio, los juzgados federales comenzaron a revisar expediente por expediente para determinar si corresponde aplicar el principio de ley penal más benigna, que permite utilizar la norma más favorable para el imputado incluso si el hecho ocurrió antes de la modificación legal.
Especialistas en materia tributaria señalaron que durante años los montos habían quedado desactualizados frente a la inflación, lo que derivó en denuncias penales por cifras relativamente bajas. Con la nueva ley, el objetivo es concentrar la persecución penal en casos de mayor impacto económico y aliviar la carga del sistema judicial.
