A poco de que el Congreso comience a debatir el Proyecto de Modernización Laboral, el Gobierno de Javier Milei enfrenta una fuerte presión de los gobernadores, tanto de bloques dialoguistas como de la oposición, debido al impacto fiscal de la iniciativa.
El conflicto se centra en la reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas, medida que afecta directamente la coparticipación provincial. Según estimaciones provinciales, la baja del tributo podría generar una pérdida de hasta $3 billones, activando reclamos transversales hacia la Casa Rosada. En este contexto, los mandatarios condicionan su apoyo a la reforma laboral a la obtención de compensaciones o a la modificación del esquema impositivo incluido en el proyecto.

Provincias en alerta
Los cálculos preliminares indican que las jurisdicciones más afectadas serían Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, con pérdidas superiores al billón de pesos cada una. Incluso gobernadores aliados al oficialismo, como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, apoyan la reforma en términos generales, pero exigen que la Nación absorba el costo fiscal o que la reducción de Ganancias se postergue al menos hasta 2027.
El Gobierno busca destrabar el debate
Desde el Ejecutivo sostienen que el recorte de Ganancias forma parte del paquete de estímulos económicos, pero en las últimas horas comenzaron a evaluar alternativas para asegurar la aprobación del proyecto durante las sesiones extraordinarias. Entre las opciones figura la posibilidad de resignar el capítulo fiscal para garantizar el avance de la reforma laboral.
Rechazo frontal de algunos mandatarios
Por su parte, un grupo de gobernadores mantiene una posición de rechazo absoluto a la iniciativa, independientemente de cómo se resuelva el tema de Ganancias. Entre ellos se encuentran Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella y Axel Kicillof, quienes anticiparon que no acompañarán el proyecto en ninguna versión.
