Justicia
La contestación de la demanda de la Fiscalía de Estado en la causa de los funcionarios equiparados a magistrados que pretenden seguir cobrando como jueces es contundente y lapidaria. La subdirectora de Asuntos Judiciales, Alicia López Revol, refutó uno por uno los argumentos esgrimidos por los equiparados contra la aplicación de la ley 9.230 que les quita el beneficio de la equiparación.
Para Fiscalía de Estado la legislación no vulnera derechos adquiridos, no tiene efectos retroactivos y ni tampoco tiene vicios de inconstitucionalidad. Incluso, sostiene que la norma viene a "asegurar el derecho de igualdad con el resto de los empleados y funcionarios judiciales no equiparados".
Punto por punto, fueron derribados cada uno de los argumentos presentados por los 22 equiparados a magistrados que por ley deben dejar de cobrar como jueces y tienen que empezar a pagar impuesto a las ganancias. Se trata de empleados administrativos que tienen salarios equivalentes a los de jueces de primera instancia y de cámara, que en algunos casos superan los 400 mil pesos por mes.
Entre los argumentos presentados, aseguraban que se estaban violando derechos adquiridos, que corresponde al Poder Judicial determinar el salario de sus trabajadores, y que la ley no puede tener efectos retroactivos. Pero Fiscalía de Estado no compartió ninguno de esos planteos y los descartó con contundencia. Para empezar, Alicia López Revol, sostiene que no se pueden comparar estos 22 casos con los de funcionarios que constitucionalmente están equiparados a jueces, como el propio fiscal de Estado o el presidente del Tribunal de Cuentas.
Por otro lado, desmiente de forma categórica que la norma tenga efectos retroactivos y aclara que solo "regula para el futuro el régimen salarial que deberá ser aplicado". "Se trata de regular a futuro la remuneración de algunos funcionarios, y que la misma sea fijada acorde al escalafón general; y eliminar la clara desigualdad con el resto de empleados y funcionarios que incluso cumplen tareas jurisdiccionales y no están equiparados al salario de los magistrados", subraya Fiscalía de Estado.
Desde los equiparados reconocen que acudieron a la Corte, ya que los legisladores pueden tomar medidas "pero ajustándose a los límites de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos". Estos, aseguran, "impiden la afectación de derechos de los agentes estatales incluso en este caso, cuando las personas afectadas han sido señaladas con el dedo". "La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha avalado que no es facultad del legislador disponer de los sueldos ni de los cargos públicos".
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