MEDIDAS
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó por unanimidad una modificación al Código Procesal Civil, Comercial y Tributario provincial, que busca facilitar el acceso a la justicia para quienes no cuentan con recursos económicos suficientes para afrontar las tasas judiciales y aportes legales al iniciar un juicio. Esta reforma tiene como objetivo principal democratizar el acceso al sistema judicial, simplificando y agilizando los procedimientos relacionados con el beneficio de litigar sin gastos.
La nueva normativa implementará un sistema automatizado desarrollado por la Dirección de Informática del Poder Judicial, que permitirá a los tribunales verificar en menos de un minuto si corresponde otorgar este beneficio. Este proceso se realizará a través de la interoperabilidad con la base de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), que compila información de diversos organismos nacionales y provinciales.
Antes de esta reforma, las personas debían realizar múltiples trámites y presentar documentación para acreditar su situación económica, lo que generaba demoras de varios meses y una carga administrativa significativa tanto para los ciudadanos como para los abogados y el propio Poder Judicial. Por ejemplo, era necesario obtener certificados de registros automotores y de la propiedad, demostrar ingresos y gestionar autorizaciones judiciales para poder acceder al beneficio.
Con la implementación del sistema automatizado, estos trámites serán reemplazados por una consulta directa y rápida a las bases de datos oficiales, eliminando la necesidad de presentar documentación física y acelerando notablemente el proceso de evaluación para el acceso al beneficio. Así, un empleado judicial podrá ingresar el número de documento del solicitante y el sistema verificará automáticamente si cumple con los requisitos para litigar sin gastos, teniendo en cuenta propiedades, ingresos y otros datos relevantes.
Esta medida no solo agilizará el trámite para los ciudadanos, sino que también reducirá el costo administrativo para el Poder Judicial, que actualmente destina importantes recursos y tiempo a procesar estas solicitudes. Se estima que la carga laboral relacionada con estos procedimientos representa una porción significativa del trabajo en la justicia civil provincial.
