Acuerdo
La Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza firmaron un convenio en el cual establecieron que aquellas personas condenadas a realizar trabajos comunitarios puedan hacerlo en el ámbito del municipio capitalino.
El convenio firmado por el presidente del máximo tribunal de justicia mendocina, Dalmiro Garay y el intendente Ulpiano Suárez, alcanza a las personas con residencia en la ciudad y que se encuentren imputadas en el marco de un proceso penal y será condición para la aplicación de suspensiones de juicio a prueba y condenas de ejecución penal, se informó.
Se trata de tareas que no son remuneradas, ni representan puestos de trabajo, como tampoco implican obligaciones laborales, explicaron.
“El fin restitutivo de la pena es que se devuelva a la sociedad el daño que se ocasionó mediante el trabajo comunitario. Hablamos de entre 300 o 400 personas que el año pasado tuvieron este tipo de condena y tienen domicilio en Capital”, explicó Garay Cueli.
Quien detalló que “se trata de delitos que por la cuantía de la pena no van a prisión efectiva pero que se entiende que para la reparación se requiere un trabajo comunitario. Si excluimos todos los delitos vinculados a violencia de género o uso de algún tipo de arma, cualquiera sea si tipo. Esos trabajos comunitarios no se van a hacer en el marco de este convenios”.
El magistrado además invitó al resto de los municipios de la provincia a suscribir el convenio.
Se trata de delitos que no contemplan penas de prisión efectiva y de los cuales quedan excluidos del acuerdo los de violencia de género, de índole sexual o uso de algún tipo de arma.
Por su parte el intendente de la Capital, Ulpiano Suarez, destacó que “Son trabajos comunitarios cuya finalidad buscan evitar que esas conductas se reiteren y reparar el daño que se ocasiona a la sociedad en su conjunto con este tipo de conductas. Estamos trabajando mucho por la convivencia y el respeto. Es lo que venimos haciendo en el marco del código de convivencia, el respeto de los derechos”.
Según se informó, el marco legal es el artículo 27 del Código Penal, que en su inciso 8 dispone la posibilidad de fijarse como regla de conducta para casos de condena condicional, la realización de “trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo”.
