Rechazo
La resolución oficial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) cedió a miembros de dos comunidades un total de 21.500 hectáreas de tierras ubicada en el sur de la provincia de Mendoza. La decisión genera una fuerte polémica.
Desde Malargüe, el intendente Juan Manuel Ojeda aseguró que "no existe la comunidad mapuche como tal en nuestro departamento" y se mostró preocupado por la medida dado que "lo que sucede en Malargüe y San Rafael, puede llegar a complicar la propiedad privada".
Junto a Ojeda, legisladores provinciales y nacionales integrantes del Frente Cambia Mendoza ya se han manifestado en contra de la entrega.
Juan Manuel Ojeda expresó "vamos a acompañar todas las medidas que toma la provincia de Mendoza para defender las tierras de nuestra provincia. Corremos riesgo de avanzar contra la propiedad privada y es una burla que genera un precedente para toda la provincia. Malargüe y San Rafael no tuvieron comunidades mapuches como se plantea. No sabemos a quien se está entregando estas tierras. Es un acto brutal entregar tierra a quienes no tienen la personaría jurídica finalizada".
Un tema que genera polémica
El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció el lunes que intentará declarar inconstitucional la resolución oficial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que cedió a miembros de dos comunidades un total de 21.500 hectáreas ubicada en el sur de la provincia.
Según informó Suárez en sus redes sociales, pidió "a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado que se realicen los procedimientos necesarios ante los organismos competentes para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales que han determinado la entrega de tierras en el sur de la provincia".
Según se publicó el pasado viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional otorgó la posesión de 21.500 hectáreas a dos comunidades consideradas de antiguos mapuches, a través de sendas resoluciones que elaboró el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Se trata de hectáreas que benefician a las comunidades Lof ubicada en El Sosneado, en San Rafael, y Suyai Levfu, de Malargüe, que reclamaban el reconocimiento sobre esas tierras bajo el argumento de su presencia ancestral en zonas cuyanas.
En total son 21.500 hectáreas, que fueron reconocidas tras la presentación de un informe histórico antropológico que se realizó para estudiar el vínculo que esas comunidades tenían con esas áreas.
La administración de Mendoza solicitó el lunes al asesor de Gobierno Ricardo Canet y al fiscal de Estado, Fernando Simón, que realicen los procedimientos necesarios para frenar la ejecución de las resoluciones del INAI.
Entre los argumentos, el texto señala que "el Estado Nacional, en el marco de sus Políticas Publicas Indígenas, cree absolutamente necesario relevar y demarcar las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas, para generar las condiciones tendientes a la instrumentación y efectivización del reconocimiento constitucional".
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