SALUD PRIVADA
El panorama de la salud privada en Mendoza atraviesa meses de creciente conflicto. Desde la implementación de la resolución nacional que limita las prescripciones médicas fuera de cartilla, se multiplicaron los recursos judiciales, incluidos amparos y medidas cautelares, con montos millonarios involucrados.
La norma establece que, en planes cerrados de prepagas y obras sociales, solo los médicos incluidos en la cartilla pueden indicar tratamientos y medicamentos, especialmente aquellos de alto costo. Esta medida busca controlar el gasto y evitar el desfinanciamiento de las instituciones, pero generó tensiones entre pacientes, profesionales y prestadores.
El sector médico denunció que la resolución reduce al profesional a un simple ejecutor de decisiones administrativas, subordinando su criterio clínico a intereses económicos y afectando la autonomía profesional. Desde la entrada en vigor de la norma, se verificó un aumento cercano al 20% en juicios relacionados con prescripciones médicas, demostrando un impacto negativo sobre la atención sanitaria.
Las prepagas señalan que la medida plantea desafíos operativos y financieros, ya que la cartilla médica no siempre incluye especialistas en todas las patologías complejas, especialmente en el interior de la provincia. Esto ha derivado en conflictos con afiliados y, en muchos casos, en la judicialización de tratamientos. La resolución no elimina prestaciones obligatorias, pero limita ciertos reintegros de tratamientos costosos que no cumplan criterios clínicos específicos.
El efecto sobre los pacientes es evidente: la norma genera inequidades en el acceso a tratamientos, con demoras y la necesidad frecuente de recurrir a la vía judicial para obtener medicamentos. Además, crea un escenario de presión sobre los médicos, que deben ajustar sus indicaciones según las reglas de la prepaga para no quedar fuera de la cartilla.
No todas las instituciones locales se ven afectadas. Obras sociales y regímenes universitarios, como Damsu y OSEP, operan bajo leyes provinciales y mantienen flexibilidad para la elección de médicos y tratamientos. Esto evidencia que la medida impacta principalmente a prepagas y obras sociales bajo regulación nacional, dejando fuera a quienes funcionan bajo normativas provinciales o universitarias.
