INCONSISTENCIAS
El Gobierno de Mendoza ordenó iniciar acciones penales y civiles contra un expolicía luego de detectar irregularidades en el trámite que le otorgaba una indemnización por incapacidad. La decisión se tomó tras informes técnicos que señalaron inconsistencias en el proceso administrativo.
Según los dictámenes oficiales, el beneficio reconocido en 2024 se basó en una normativa aplicada con exceso de facultades, lo que generó un conflicto con el marco legal vigente. Desde la Provincia advirtieron que el acto presenta un error “grosero” y provoca un perjuicio económico directo al Estado.
A través de un decreto, el Ejecutivo dejó sin efecto la postura anterior que había validado el reclamo. Sin embargo, al tratarse de un acto con estabilidad administrativa, el Gobierno deberá avanzar por la vía judicial mediante una acción de lesividad para lograr su anulación definitiva.
El eje del conflicto está en la evaluación de la incapacidad, que fue considerada relativa y permanente, pero sin justificar el monto otorgado. La ministra Mercedes Rus ya declaró el caso como lesivo a los intereses públicos y habilitó la intervención legal para intentar recuperar o frenar los pagos.
Ahora, será la Justicia la que defina la validez del reclamo del ex funcionario frente a los argumentos de ilegitimidad presentados por la Provincia.
