El Gobierno de Mendoza cierra y fusiona más de 100 escuelas dejando a miles en la incertidumbre
La Dirección General de Escuelas (DGE) y el Gobierno de Mendoza implementaron la fusión de más de 100 instituciones de educación para jóvenes y adultos (CEBJA y CENS), lo que ha desatado críticas y preocupación en la comunidad educativa. La medida, justificada como un intento de optimizar recursos, ha sido denunciada por docentes como un ajuste encubierto que perjudica tanto a estudiantes vulnerables como a trabajadores de la educación.
Decisiones que generan incertidumbre
El cierre del ciclo lectivo trajo consigo la publicación de cuatro resoluciones por parte de la DGE, anunciando la reestructuración de más de un centenar de centros educativos. Estas fusiones contemplan distintas modalidades: desde recortes en equipos directivos hasta la transformación de escuelas en aulas satélite, dependientes de una dirección central. En otros casos, las instituciones deben unificarse, lo que implica traslados de personal y cierre de sedes.
Impacto en estudiantes vulnerables
Los estudiantes de CEBJA y CENS, en su mayoría provenientes de sectores desfavorecidos, también están viendo comprometido su derecho a una educación accesible. Estas instituciones representan una segunda oportunidad para finalizar el nivel primario y secundario.
La comunidad educativa denuncia que el proceso de fusión carece de previsión y transparencia. Diariamente, nuevas instituciones se suman a la lista de afectadas, lo que incrementa la incertidumbre.
Movilización en defensa de la educación
En respuesta a estas medidas, los docentes han convocado a una movilización para este viernes 20 de diciembre, coincidiendo con la jornada nacional de lucha a 23 años del 2001. La protesta se realizará a las 18 horas en el KM0 de la Ciudad de Mendoza. Los manifestantes exigirán la derogación de las resoluciones y visibilizarán los perjuicios que estas decisiones generan en la comunidad educativa.
El debate sobre la reestructuración de la educación para jóvenes y adultos está lejos de concluir, con fuertes críticas por parte de docentes, estudiantes y familias que ven amenazados sus derechos educativos y laborales.