CONFLICTO
El Gobierno de Mendoza rechazó un recurso presentado por Edemsa e hizo oficial una deuda millonaria que la empresa mantiene con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de Mendoza, conocida como Caja Forense.
El decreto, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, cierra un largo conflicto administrativo entre la distribuidora eléctrica y el ente previsional, al ratificar la legalidad del reclamo por aportes judiciales impagos.
El origen del conflicto
La disputa comenzó con una causa judicial en la que Edemsa retiró fondos de un expediente sin haber abonado los aportes obligatorios destinados a la Caja Forense. Años después, la entidad emitió boletas de deuda por más de $1,3 millones, con intereses incluidos, alegando que el primer pago fue incompleto, ya que no contemplaba los intereses generados desde que la sentencia quedó firme.
El argumento de Edemsa
La empresa impugnó el reclamo, asegurando que el pago original fue "cancelatorio y liberatorio", ya que se hizo de acuerdo con una liquidación judicial aprobada por el tribunal. Además, sostuvo que la Caja Forense no era parte en el proceso, por lo que no tenía legitimidad para cuestionar la liquidación.
La respuesta del Gobierno
El Poder Ejecutivo provincial fue contundente: rechazó los argumentos de la distribuidora y confirmó que la Caja Forense tiene facultades como ente autárquico para auditar y reclamar aportes adeudados, incluso si no participó del juicio original. El decreto remarcó que la liquidación judicial no es vinculante para la Caja, y que Edemsa incurrió en mora al no abonar los intereses correspondientes.
Además, se desestimó la “denuncia de ilegitimidad” presentada por la empresa, lo que agota la vía administrativa. Sin embargo, se le recuerda a Edemsa que aún puede recurrir a la justicia a través de una acción procesal administrativa.
Un fallo con impacto institucional
El caso sienta un precedente relevante al reafirmar la autoridad de los entes públicos no estatales, como la Caja Forense, para exigir aportes profesionales, incluso si no formaron parte del expediente judicial original. También refuerza el rol del Gobierno en el control y supervisión de estas entidades.
