JORNADAS DECISIVAS
Este lunes por la mañana se retomó el juicio oral contra el exjuez federal Walter Bento, en lo que constituye la semana decisiva de uno de los procesos judiciales más relevantes de la historia reciente de Mendoza. El Tribunal Oral Federal N°2 dio inicio a la etapa final del debate, tras un proceso que se extendió por más de un año y medio y acumuló más de 130 audiencias.
El caso, que mantiene en vilo al ámbito político y judicial de la provincia, quedará definido en los próximos días, una vez concluidas las instancias previas a la deliberación y el posterior dictado del veredicto.
Desde las 9, el TOF N°2 —integrado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereyra— abrió la audiencia que marca el inicio del cierre formal del juicio. Durante esta semana se desarrollará la ronda de “últimas palabras”, en la que Bento y los otros 27 imputados podrán expresarse por última vez ante el tribunal.
Antes de avanzar hacia la sentencia, las magistradas deberán resolver planteos de nulidad y pedidos de prescripción presentados por las defensas. Superados esos pasos, el debate quedará formalmente clausurado y en condiciones de fallo.
El cronograma prevé cinco audiencias consecutivas. El primero en tomar la palabra será el abogado Jaime Alba, señalado como organizador de la presunta asociación ilícita. Luego llegará la definición sobre responsabilidades penales, donde el tribunal determinará culpabilidades o absoluciones por cada delito atribuido.
En caso de que se confirmen condenas, se abrirá el juicio de cesura, instancia en la que la Fiscalía y las defensas solicitarán las penas. Según fuentes judiciales, esto podría ocurrir entre miércoles y jueves, mientras que el viernes se realizaría la audiencia final con la resolución definitiva.
La acusación: una estructura de corrupción judicial
La fiscalía, a cargo de Dante Vega y María Gloria André, sostiene que Bento fue el jefe de una organización criminal que operó al menos desde 2007. De acuerdo a la acusación, el mecanismo tenía dos etapas: primero se negociaba la libertad o el alivio de medidas de coerción tras una imputación o detención; luego se garantizaba la impunidad mediante sobreseimientos, faltas de mérito o cambios en la calificación legal.
Todo esto, según los fiscales, se concretaba a cambio de sobornos en dólares o la entrega de bienes de alto valor, como automóviles e inmuebles. Los integrantes del entramado dejaban en claro que actuaban en nombre de Bento y no de otros magistrados federales.
El exjuez está imputado como jefe de una asociación ilícita, acusado de intervenir en 15 hechos de cohecho, además de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica, desobediencia y ocultamiento de pruebas.
Bento permanece detenido con prisión preventiva en la cárcel federal de Cacheuta desde el 8 de noviembre de 2023, luego de haber sido destituido como titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación.
Familiares y numerosos acusados en el banquillo
El juicio también alcanza a integrantes de su entorno más cercano. Su esposa, Marta Isabel Boiza, está acusada por enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y falsedad ideológica, mientras que su hijo mayor, Nahuel Bento, enfrenta cargos por lavado de activos.
El expediente incluye a más de veinte imputados, entre abogados, policías y particulares, con cargos que van desde cohecho activo agravado y abuso de autoridad hasta violación de secretos y deberes de funcionario público. La extensa nómina refleja, según la fiscalía, la amplitud de la red que habría operado bajo el liderazgo de Bento.
El origen de la causa
La investigación se inició en la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, entonces a cargo de Fernando Alcaraz, tras la detección de mensajes entre un imputado por narcotráfico y su abogado, que evidenciaban maniobras irregulares para obtener la libertad en causas tramitadas en el juzgado que dirigía Bento.
Ese hallazgo permitió destapar un entramado que, con el avance de la pesquisa, involucró a abogados, efectivos policiales, familiares y acusados por narcotráfico, dando origen a uno de los juicios más trascendentes de Mendoza y del país.
