DERECHOS TERRITORIALES
El debate en torno a la Ley Nº 6920, que reconoce derechos sobre tierras al Pueblo Huarpe Milcallac en la zona de las lagunas de Guanacache, continúa abierto en la Legislatura de Mendoza. Recientemente, el gobernador presentó un proyecto para derogar parcialmente esta normativa, generando una fuerte reacción por parte de las comunidades originarias y sus representantes.
Luego de varios encuentros entre legisladores y referentes huarpes, se acordó no someter a votación el proyecto en el corto plazo y profundizar las discusiones en comisiones. Esta decisión busca garantizar un análisis más exhaustivo ante la relevancia y complejidad del tema.
Desde hace más de 20 años, las comunidades huarpes de Lavalle reclaman el cumplimiento pleno de la ley que les otorga derechos sobre las tierras que habitan. Aunque se lograron avances iniciales, el Ejecutivo provincial impulsó la derogación parcial de ciertos artículos que afectan la expropiación de tierras privadas involucradas en el reconocimiento territorial.
El argumento oficial apunta a las dificultades judiciales y los impedimentos económicos que dificultaron la aplicación total de la norma vigente. Según la administración provincial, se han entregado todos los terrenos fiscales a las comunidades, mientras que las tierras en manos privadas —que representan la mayor parte de la superficie afectada— quedaron expropiables pero no fueron adquiridas debido a limitaciones presupuestarias.
El proyecto de derogación parcial afectaría alrededor de 680 mil hectáreas, una superficie equivalente al 75% del territorio del departamento de Lavalle y al 5% del total provincial.
En paralelo, autoridades locales y comunitarias expresaron su preocupación por la situación en el campo, señalando la falta de infraestructura básica, como caminos y agua, y denunciando el cercamiento de tierras que impide el acceso a los verdaderos habitantes ancestrales.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial reconoció la preexistencia étnica y los derechos ancestrales del pueblo huarpe, calificando el proyecto como un punto de partida para continuar el diálogo con las comunidades y buscar soluciones consensuadas.
El conflicto en torno a la Ley 6920 refleja un desafío histórico sobre la titularidad y el uso de tierras en Mendoza, que continúa siendo materia de debate en la Legislatura y en la sociedad en general.
