PROTOCOLO NO APLICADO
El Gobierno de Mendoza rechazó un recurso presentado por un agente de la Policía, quien intentaba anular el inicio de un sumario administrativo en su contra por presunta omisión ante un caso de violencia de género.
Según el expediente, el uniformado no habría comunicado al C.E.O (Centro Estratégico de Operaciones). una novedad referida a un presunto ataque contra una mujer, y esto motivó la apertura de una investigación disciplinaria. La Inspección General de Seguridad fue la encargada de ordenar la medida.
El decreto:
La decisión del Ejecutivo se basó en un dictamen de Asesoría de Gobierno, que consideró que el proceso de información sumaria no constituye un acto recurrible, ya que no genera un perjuicio definitivo para el agente, y que el oficial podrá ejercer su derecho a defensa en el marco del sumario formal.
Entre los fundamentos de la medida, el decreto establece que la conducta imputada —omitir dar conocimiento al C.E.O. de una situación vinculada a violencia de género— está descripta de manera "clara, precisa y circunstanciada". A su vez, se le atribuye una infracción al Protocolo para la Prevención y Abordaje de las Violencias en el Personal Policial y Penitenciario, vigente desde 2022.
El agente había argumentado que la resolución era imprecisa y que no se había considerado su descargo. No obstante, la Provincia desestimó esos planteos, y estableció que si desea continuar con su reclamo, podrá iniciar una acción procesal administrativa ante la justicia dentro de los próximos treinta días.
