El Gobierno de Mendoza puso fin al reclamo administrativo de una constructora que exigía el reconocimiento de costos extra e intereses por la ejecución del barrio Palmira Crece, en el departamento de San Martín. A través de un decreto, la Provincia confirmó la postura que ya había fijado el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
La firma sostenía que los tiempos de obra se habían visto afectados y que la suba de precios de materiales durante 2023 justificaba una compensación económica. Sin embargo, desde el Ejecutivo concluyeron que las demoras respondieron a la propia operatoria de la empresa, por lo que descartaron cualquier responsabilidad estatal.

En la resolución oficial también se dejó en claro que el procedimiento se desarrolló conforme a las normas vigentes y que no se detectaron fallas ni irregularidades administrativas. Además, se indicó que los argumentos presentados en la apelación no incorporaron elementos nuevos, sino que insistieron sobre cuestiones ya analizadas.
Con esta definición, la Provincia cerró todas las instancias dentro del ámbito administrativo. A partir de ahora, si la constructora decide continuar con el reclamo, deberá hacerlo en la Justicia, mediante una Acción Procesal Administrativa.
La empresa cuenta con un plazo de 30 días para avanzar por esa vía. En caso de no hacerlo, la decisión quedará firme y el Estado provincial no deberá afrontar los montos exigidos.
El barrio Palmira Crece, inaugurado en 2023 en el marco del programa Mendoza Construye, incluye 53 viviendas y formó parte de un proyecto que originalmente contemplaba una inversión cercana a los 250 millones de pesos.



