REGULACIÓN
La Policía Ambiental Minera (PAM) cerró el año 2025 consolidando su presencia en territorio y su rol como organismo de control ambiental, con 570 inspecciones realizadas en minas, plantas de beneficio, acopios y operaciones logísticas, 63 ceses de actividad y 3 clausuras aplicados ante incumplimientos detectados en terreno. Estas intervenciones fortalecieron el trabajo de prevención, ordenamiento y transparencia que lleva adelante el Ministerio de Energía y Ambiente en toda la cadena minera.
A lo largo del 2025, la PAM avanzó en la consolidación del sistema de inspecciones en las delegaciones Centro, San Rafael y Malargüe, lo que garantizó una cobertura permanente en toda la provincia. También profundizó su participación en capacitaciones dirigidas a fuerzas de seguridad, docentes, cámaras empresariales y organizaciones sociales, con el objetivo de explicar los alcances de su tarea y promover una comprensión más amplia sobre la fiscalización minera.
Además, se puso en marcha el proceso de inspecciones vinculadas a los informes de partida establecidos por las resoluciones 106/25 DM y 36/25 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental. “Estas verificaciones iniciales permiten evaluar en sitio las condiciones de minas y plantas de beneficio. Hasta el momento se completaron treinta inspecciones, cuyos resultados se encuentran bajo análisis técnico para avanzar hacia la segunda etapa de evaluación”, afirmó Guillermo Bickham, jefe del cuerpo de control.
Digitalización, trazabilidad y control
La actualización integral del sistema de actas digitales permitió garantizar la trazabilidad, transparencia y resguardo de la información en cada procedimiento de control.
A esto se sumó la creación de la Sala de Monitoreo, un espacio estratégico que centraliza datos en tiempo real, permite supervisar operativos a distancia y mejora de manera sustancial la capacidad de planificación y respuesta del cuerpo.
La incorporación de equipos de comunicación Tetra fortaleció la seguridad operativa y la coordinación entre inspectores, especialmente en territorios extensos, zonas alejadas y áreas de difícil acceso.
El organismo también avanzó en convenios de cooperación con el Ministerio de Seguridad y Gendarmería Nacional para ejecutar operativos conjuntos en regiones estratégicas de actividad minera. Asimismo, se firmaron acuerdos con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), organismo responsable de regular y fiscalizar el uso de armas, explosivos y materiales sujetos a control especial en el país, lo que permite fortalecer la supervisión del manejo y autorización de explosivos en actividades mineras.
También se profundizó el trabajo conjunto con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para reforzar la fiscalización de las condiciones de higiene y seguridad en los sitios de operación.
En el plano logístico, se restauró y puso en servicio el camión Unimog, una unidad indispensable para auditorías, mensuras y tareas técnicas en ambientes agrestes donde el acceso requiere vehículos especializados.
La ejecución del plan anual de trabajo continuó bajo estándares ISO, lo que incluyó auditorías de Declaraciones de Impacto Ambiental de Malargüe Distrito Minero Occidental I y II, inspecciones de proyectos de exploración y del proyecto de potasio PRC en etapa de producción, control de plantas de tratamiento y acopios, verificación de bienes de capital y equipos especiales, coordinación con organismos de seguridad y fortalecimiento de la plantilla técnica. Paralelamente, se avanzó en la creación de bases en alta montaña y en un registro de infractores para mejorar la trazabilidad de intervenciones futuras.
