SEGURIDAD
El Gobierno de Mendoza planea la construcción de una nueva cárcel de baja complejidad destinada a personas condenadas por delitos menores. El establecimiento penitenciario se ubicará entre los complejos Almafuerte I y II en Cacheuta, y contará con capacidad para unos 400 internos. La iniciativa busca garantizar que quienes cometan delitos como robos simples o hurtos efectivamente cumplan sus penas, promoviendo además su reinserción mediante programas específicos.
La construcción del nuevo penal responde a la necesidad de una política criminal más estricta en relación con los delitos de menor escala, que representan entre el 18% y el 20% de las condenas en la provincia. Entre estos, el robo de celulares, ruedas y arrebatos callejeros figuran como los más recurrentes, y suelen generar alto malestar social. En muchos casos, estas condenas actualmente se cumplen bajo modalidades alternativas como la excarcelación o el cumplimiento condicional, lo que alimenta una percepción de impunidad.
El penal, que funcionará bajo la clasificación de baja complejidad (categoría C), estará compuesto por ocho pabellones con capacidad para 48 personas cada uno, además de contar con patios internos y externos, una Sala de Usos Múltiples para visitas y espacios destinados a las requisas. Su diseño contempla una integración con los sistemas de seguridad existentes en el complejo penitenciario, aprovechando la infraestructura y servicios ya disponibles, como conectividad y videovigilancia. Se estima que, utilizando técnicas de construcción en seco, el proyecto podría concretarse en aproximadamente un año.
Para su implementación completa, la iniciativa requerirá una reforma en la Ley de Ejecución Penal. La modificación apuntará a agilizar los procesos de diagnóstico y tratamiento penitenciario para los condenados a penas cortas, permitiendo su inclusión más rápida en programas educativos, laborales o de contención. Actualmente, muchos internos con sentencias de entre uno y tres años cumplen su condena sin ingresar a ningún plan de rehabilitación debido a los tiempos que demanda el sistema técnico-criminológico.
El proyecto prevé que la evaluación inicial del interno pueda estar a cargo de un operador o profesional que determine rápidamente el abordaje necesario durante su estancia en el penal. Esto permitirá un tratamiento más efectivo y acorde al perfil de cada interno, al mismo tiempo que refuerza el cumplimiento real de las penas como herramienta preventiva frente a la reincidencia delictiva.
La propuesta se enmarca en una estrategia más amplia para modernizar y hacer más eficiente el sistema penitenciario provincial, sumando una nueva unidad a las 22 que ya conforman la red carcelaria de Mendoza.
