DISOLUCIÓN
El Gobierno de Mendoza autorizó el pago de 1.830 millones de pesos en indemnizaciones tras la disolución del Ente Provincial del Agua y Saneamiento (EPAS), organismo que fue reemplazado por el Departamento General de Irrigación.
El cierre del EPAS, oficializado a través de la Ley 9589, transfirió la responsabilidad del control del agua potable a Irrigación, que ahora administra, regula y fiscaliza el servicio en toda la provincia. Como consecuencia de esta reestructuración, se reubicaron empleados, pero también hubo despidos, lo que llevó a la autorización del pago de indemnizaciones mediante el Decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo.
Distribución de las indemnizaciones
De los 67 trabajadores del EPAS, 27 recibirán una compensación por despido, mientras que otros 20 fueron reasignados a distintos sectores del Estado y dos permanecen contratados. El cálculo de las indemnizaciones se realizó de acuerdo con los Artículos 232, 233 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, otorgando un mes de sueldo por año de servicio.
Si bien el monto total destinado a las indemnizaciones supera los 1.800 millones de pesos, el pago no es uniforme para todos los ejemplificados, ya que varía en función de la antigüedad de cada trabajador.
Impacto económico y financiero
El Gobierno asegura que, con la disolución del EPAS y la transferencia de sus funciones a Irrigación, se generará un ahorro estimado de 1.000 millones de pesos anuales.
Las indemnizaciones se financiarán con recursos de la Tesorería de la Provincia, con carga al Presupuesto 2025. Sin embargo, se espera que el EPAS devuelva los fondos una vez finalizado el proceso de liquidación.
Desde este mes, el Departamento General de Irrigación asume todas las competencias del extinto EPAS, incluyendo el control de operadores de agua potable y cloacas, la habilitación de nuevos prestadores y la determinación de costos para calcular tarifas.
