La evolución de los salarios en 2025 refleja un escenario muy distinto al que las empresas habían proyectado a comienzos de año. Tras un primer trimestre que mostró cierta reactivación, la economía comenzó a frenarse en abril y profundizó la caída desde julio. En ese marco, muchas compañías redujeron sus previsiones de aumentos salariales, lo que golpeó el poder adquisitivo y afectó de lleno al consumo.
Un relevamiento privado sobre unas 300 firmas locales mostró que gran parte de ellas terminarán el año con ajustes por debajo de la inflación. Mientras en 2024 algunos sectores lograron acompañar la suba de precios, en 2025 la mayoría perderá poder de compra. Las estimaciones iniciales rondaban incrementos del 30% con una inflación proyectada del 25%, pero la realidad marcó una inflación más alta y aumentos salariales menores a lo esperado.

Actividad estancada y consumo en baja
La estabilidad cambiaria y el refuerzo de reservas a partir del acuerdo con Estados Unidos dieron cierto alivio financiero, aunque no alcanzaron para revertir la recesión. Con un mercado interno contraído, las paritarias no lograron recomponer ingresos y los salarios formales, tanto públicos como privados, se deterioraron. El empleo informal y el cuentapropismo funcionaron como amortiguadores, pero no evitaron la contracción general del consumo.
Las ventas minoristas mostraron una caída interanual del 2,9% en agosto, según datos sectoriales. En supermercados, el Indec registró un descenso del 2,1% mensual en julio. La retracción se reflejó en cambios en los hábitos de compra: creció el consumo en formatos de cercanía como almacenes y kioscos, mientras disminuyó en cadenas y mayoristas, lo que evidencia un gasto más acotado y orientado a la reposición diaria.
El costo de los salarios y el círculo vicioso
Muchas compañías redujeron o directamente cancelaron incrementos salariales, considerando al costo laboral como una variable de ajuste en medio de la crisis. Sin embargo, esa estrategia generó un círculo vicioso: la pérdida de poder adquisitivo se tradujo en menor consumo y, a su vez, en mayores dificultades para sostener la rentabilidad y mejorar los sueldos.
La situación también derivó en la no renovación de puestos vacantes o jubilaciones, e incluso en despidos en algunos sectores. En provincias limítrofes como Mendoza, la cercanía con Chile profundizó el fenómeno: los segmentos con mayor poder de compra prefieren viajar al país vecino para aprovechar la diferencia de precios.

Un 2025 lejos de lo esperado
El Gobierno había proyectado que 2025 sería el año de la recuperación tras el ajuste de 2024, pero los datos no acompañaron esa expectativa. Según el Indec, el Producto Bruto Interno registró en el segundo semestre una caída del 0,1%. La estabilidad financiera posterior al acuerdo internacional no alcanzó para impactar en la economía real ni en la microeconomía de los hogares.
En este marco, la estrategia oficial de mantener “pisados” los salarios como ancla inflacionaria consolidó una pérdida de poder adquisitivo que afectó el desempeño del consumo. Solo un gremio logró superar la inflación en el primer semestre, mientras la mayoría cerró con caídas de hasta el 10% en términos reales.
El caso mendocino
En Mendoza, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que, durante el primer semestre de 2025, el consumo en supermercados apenas logró igualar la débil performance de 2024. Sin embargo, el poder adquisitivo de los trabajadores registrados continuó en retroceso.
Comparado con diciembre de 2023, las ventas cayeron casi 10 puntos en términos reales. En pesos constantes, los supermercados mendocinos dejaron de facturar más de 70 mil millones en el primer semestre respecto al mismo período de 2023. Además, la canasta básica mostró fuertes incrementos en rubros sensibles como carnes, servicios y transporte.
En términos de ingreso perdido, cada trabajador registrado de la provincia acumuló entre 895 mil y 1,4 millones de pesos en pérdida de poder adquisitivo desde noviembre de 2023. Esa merma implicó un impacto total para los hogares mendocinos de entre 240 y 400 mil millones de pesos.
