REESTRUCTURACIÓN
La ex AFIP, ahora conocida como ARCA, culminará el 2024 con una significativa reducción en su dotación de empleados en Mendoza, un ajuste cercano al 15%. Con alrededor de 420 trabajadores al cierre del año, frente a los 484 con los que inició, la disminución en la plantilla está afectando la operatividad del organismo.
Causas de la disminución
El ajuste no se debió a despidos ni retiros voluntarios masivos, sino principalmente a las jubilaciones: 43 empleados dejaron sus puestos entre enero y noviembre, y no fueron reemplazados. También influyeron algunos casos de fallecimientos.
A nivel nacional, la situación es similar, con 1.600 jubilaciones en todo el país, incluidas 54 en la región de Cuyo.
Desde ARCA admiten que la reducción complica el desempeño del organismo, reconocido como uno de los más técnicos del Estado. Según fuentes internas, capacitar a un agente requiere aproximadamente tres años, lo que agrava la situación ante la falta de nuevas contrataciones.
El efecto del pago extraordinario
Uno de los factores que incentivó las jubilaciones fue el pago extraordinario equivalente a 20 sueldos que reciben los empleados al momento de retirarse. Este beneficio, calculado sobre un salario máximo de $1,7 millones, representa una gratificación de hasta $34 millones.
El rumor sobre posibles modificaciones a este pago extraordinario generó una aceleración en los trámites de jubilación, aunque desde ARCA Mendoza lo niegan.
Impacto del ajuste
El ajuste de personal forma parte de un plan más amplio del Gobierno nacional, que aseguró ahorrar $6.200 millones con la creación de ARCA tras la transformación de AFIP. Sin embargo, desde el sindicato de trabajadores de la ex AFIP en Mendoza, liderado por Oscar Cardinali, estiman que los recortes salariales, junto con la eliminación del "fondo de jerarquización", ya superan los $102.000 millones.
Aunque el beneficio de los 20 sueldos sigue vigente, Cardinali advirtió que cualquier intento de modificarlo requeriría cambios en el convenio colectivo y enfrentaría posibles judicializaciones.
Con una plantilla reducida y tensiones laborales, el organismo enfrenta el desafío de mantener sus estándares operativos mientras se adapta a un contexto de ajustes y menor capacidad técnica.
