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REFORMA

Sancionarán el silencio administrativo del Estado: de qué se trata la nueva ley

El Senado mendocino dio luz verde a una norma que penaliza a los funcionarios que no respondan a tiempo los reclamos ciudadanos. Se apunta a erradicar la "denegación tácita" y fortalecer la responsabilidad estatal.

casa de gobierno

El Senado provincial sancionó este martes, en segunda revisión, la ley que incorpora el artículo 38 bis a la Ley N.º 3918 (Código Procesal Administrativo). El proyecto, impulsado por el senador demócrata Armando Magistretti, fue aprobado por unanimidad y apunta a combatir una práctica habitual en la administración pública: la "denegación tácita", es decir, el silencio del Estado ante un reclamo administrativo.

Durante su paso por Diputados, el texto original fue modificado y volvió al Senado, donde finalmente fue aprobado. El espíritu de la norma es fortalecer la transparencia y la eficiencia del Estado, obligando a los funcionarios a responder dentro de los plazos establecidos.

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Sanciones por no responder a tiempo

La nueva ley establece que cuando la Suprema Corte de Justicia admita una acción por denegación tácita —prevista en el artículo 6° de la Ley 3918—, deberá identificar expresamente al agente o funcionario responsable de la mora administrativa. A partir de allí, se aplicarán las sanciones previstas en la Ley 9003, que contempla castigos disciplinarios en casos de negligencia.

En sus fundamentos, Magistretti sostuvo que esta práctica vulnera el derecho de defensa, genera indefensión y puede ser evitada si los responsables cumplen con sus obligaciones. La ley busca evitar “chicanas burocráticas” y promover una cultura estatal de mayor responsabilidad.

senado mendoza 2024
 

Consenso político y nuevo paradigma

Durante el debate, legisladores de todas las bancadas coincidieron en que el Estado debe rendir cuentas cuando no cumple los plazos legales. Además, destacaron que esta ley no solo tiene un efecto punitivo, sino también simbólico: marca un punto de inflexión en la manera en que el Estado responde a sus ciudadanos.

Con la sanción definitiva, Mendoza da un paso hacia una administración pública más ágil, transparente y comprometida con los derechos de las personas.

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