Se podría cobrar aranceles a estudiantes extranjeros en Mendoza: contradicción en la legislación
El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre la posibilidad de que las universidades argentinas cobren aranceles a estudiantes extranjeros no residentes permanentes ha reavivado una discusión que involucra principios constitucionales, leyes vigentes y cuestiones prácticas. En Mendoza, donde estudian 914 extranjeros en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), esta medida plantea interrogantes sobre su aplicabilidad y el impacto en el sistema educativo.
Actualmente, la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior garantizan la educación universitaria gratuita para todas las personas. El artículo 2 bis de esta última norma establece que las instituciones de gestión estatal no pueden imponer aranceles para los estudios de grado. Para implementar el cobro a extranjeros, sería necesario modificar estas legislaciones, un proceso que involucra al Congreso Nacional.
En cuanto a la situación en Mendoza, la UNCuyo exige que todos los aspirantes presenten documentación que acredite residencia permanente, un requisito clave para diferenciar entre estudiantes nacionales y extranjeros. De los 914 estudiantes extranjeros, solo 165 cumplen con este criterio, representando apenas el 0,5% del total de inscriptos. Este grupo incluye mayoritariamente a personas de países limítrofes que han residido en Argentina durante largos períodos.
El Gobierno argumenta que esta medida permitiría financiar mejor las universidades y priorizar el acceso a ciudadanos argentinos. Sin embargo, los especialistas advierten que el impacto económico podría ser marginal dado el bajo porcentaje de extranjeros no residentes permanentes. Además, destacan que el principio de gratuidad es un pilar fundamental del sistema educativo público argentino, reconocido por su inclusividad.
Además de los cambios legales, la implementación de aranceles requeriría definir criterios claros para diferenciar a los no residentes permanentes, lo que podría generar tensiones administrativas y políticas. La medida también podría impactar la percepción internacional de Argentina como destino educativo accesible y de calidad.
Mientras tanto, el debate continúa, reflejando las tensiones entre sostenibilidad financiera y equidad en el acceso a la educación. El Congreso tendrá la palabra final sobre una reforma que podría marcar un cambio significativo en el modelo educativo argentino.