ENCUENTRO
Tras el encuentro en donde se hizo un balance del Plan Integral del Cobre, los representantes de las principales empresas eléctricas de Mendoza destacaron los avances logrados gracias a la implementación de la Ley 9447, conocida como la “Ley de Cobre”.
Este marco normativo permitió reducir de manera significativa el robo y la comercialización ilegal de metales no ferrosos como el cobre y el aluminio, problemáticas que durante años afectaron gravemente al sector energético y a las comunidades de la provincia.
Eduardo Furfuri, representante de EDEMSA, señaló que el robo de transformadores y materiales eléctricos no solo genera pérdidas económicas para las empresas, sino que también, afecta directamente a productores rurales, barrios completos y al medio ambiente debido al impacto de reponer el servicio.
“El trabajo que antes hacíamos de manera aislada, hoy lo hacemos en conjunto, entendiendo que romper la cadena de venta ilegal ha sido clave para obtener mejores resultados. Esto ha sido un gran avance para nosotros”, aseguró, agradeciendo el apoyo de las autoridades del Ministerio de Seguridad, la Policía y la Fiscalía.
Por su parte, José Álvarez, presidente de la Cooperativa Eléctrica Alto Verde resaltó que el robo de cobre había sido un “flagelo” durante la última década, especialmente en las zonas rurales de San Martín, Santa Rosa y Junín. Álvarez también subrayó la importancia de la colaboración entre distintos ministerios y organismos: “Es muy importante que esté el Ministerio de Producción porque esto, no es solo un problema de seguridad, sino también una cuestión productiva. Trabajando en conjunto hemos logrado avanzar como lo estamos haciendo. En nuestras zonas rurales hemos visto una reducción considerable en el robo de cobre”.
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En un contexto de trabajo coordinado, Mercedes Rus destacó que en 2024 el robo de cobre disminuyó un 89%, un resultado significativo en menos de un año de implementación de la Ley 9447. “Esto ha sido posible gracias a la coordinación entre el sector público y privado y el compromiso de organismos como el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Producción y el Ministerio Público Fiscal”.
Además, mencionó que se está impulsando un proyecto para que el Código Penal considere este tipo de delitos como agravantes, reforzando aún más las herramientas legales contra el comercio ilegal de metales.
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