ACOSO
Después de meses de silencio institucional, salieron a la luz nuevos detalles sobre un caso de acoso laboral ocurrido en el Concejo Deliberante de Godoy Cruz. Según documentación y expedientes administrativos el entonces secretario legislativo Mario Carpio fue apartado de su cargo tras enviarle a una concejala un mensaje de contenido sexual en un grupo de WhatsApp oficial del cuerpo.
El episodio —que trascendió el 17 de junio— ocurrió en un chat institucional donde circulan resoluciones y trámites legislativos. Allí, Carpio escribió un mensaje de tono sexual dirigido a la edil, sugiriendo que realizaría una tarea a cambio de un favor íntimo. Aunque eliminó rápidamente el texto, otra persona del grupo registró la captura y la elevó a la presidencia del Concejo.
La concejala pidió reserva absoluta de su identidad y decidió no presentar la captura como prueba para evitar la exposición pública. Aun así, declaró formalmente y el caso fue encuadrado como acoso laboral, dado que el funcionario vinculó una acción administrativa con una insinuación sexual.
Reacción interna y medidas de protección
Apenas se conoció la situación, el Concejo tomó medidas inmediatas. Según explicó la presidenta del cuerpo, Marcela Fernández, la edil pidió que Carpio no regresara a su ámbito laboral. Desde entonces, el funcionario fue apartado y dejó de presentarse en el edificio.
Un día después del hecho presentó su renuncia como secretario legislativo y, mediante el Decreto 055/2025, fue trasladado a un puesto administrativo dentro de la municipalidad, con una significativa reducción salarial. Durante los meses siguientes presentó certificados psiquiátricos y tomó vacaciones pendientes. En noviembre, cuando debía reincorporarse, se dispuso que continuara con tareas remotas para no compartir espacio con la concejala, en cumplimiento de la Ley 26.485.
La investigación administrativa terminó archivada
El 1° de agosto, la presidencia del Concejo pidió formalmente abrir un sumario. La investigación avanzó y la concejala declaró en octubre. Sin embargo, el expediente fue archivado el 20 de noviembre por ausencia de prueba documental, ya que la edil —para preservar su identidad— decidió no aportar la captura del mensaje.
Fernández sostuvo que esta decisión fue respetada desde una perspectiva de género y que se priorizó la protección de la víctima para evitar nuevas instancias de exposición o revictimización.
Un archivo que reabre el debate institucional
Con el cierre del expediente, Carpio podría volver a su puesto cuando finalice la medida de protección, es decir, cuando la concejal deje su banca en marzo de 2026. Lo mismo ocurrirá con la presidenta del Concejo, que también culmina su mandato en esa fecha.
Las leyes que rigen estos casos
La Ley Micaela, de capacitación obligatoria en género para todos los niveles del Estado, y la Ley 26.485, que define y sanciona la violencia contra las mujeres, obligan a los organismos públicos a actuar de inmediato ante un caso de violencia o acoso y a garantizar la protección de la víctima, incluso sin denuncia judicial.
Ambas normas establecen la necesidad de generar ámbitos laborales libres de violencia, evitar la revictimización y capacitar a quienes ejercen funciones públicas para prevenir este tipo de situaciones.
