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Derechos Humanos

Según la CIDH, 70 mil personas se vieron forzadas a emigrar por la crisis

Más de 17 meses de represión frente a las protestas opositoras han dejado más de 300 muertos y 2.000 heridos en el país centroamericano.

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Cerca de 70.000 personas se han visto forzadas a emigrar de Nicaragua desde en abril de 2018, cuando inició la crisis política en ese país centroamericano a raíz de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el documento "Migración Forzada de Personas Nicaragüenses a Costa Rica", el organismo interamericano analiza la situación en ese país, donde estima que han fallecido unas 325 personas a raíz de "la represión estatal a las protestas" que estallaron el 28 de abril del año pasado.

"Un año después del inicio de la crisis, más de 70.000 personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua, y solo en Costa Rica, 55.500 personas han solicitado protección internacional", apuntó el documento, que describió que "dicha migración forzada ha ocurrido en razón a la grave crisis de derechos humanos que sufre Nicaragua".

"De acuerdo con la información recibida por parte del Estado costarricense, de enero a septiembre de 2018, cerca de 52.000 personas nicaragüenses ingresaron a Costa Rica y se quedaron en el país", de las cuales 13.697 "formalizaron su solicitud de asilo por medio de una entrevista con las autoridades migratorias", explicó la publicación.

Y advirtió que "los meses en que se recibió un mayor número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado (en Costa Rica) fueron junio con 3.344, julio con 5.279, y agosto con 4.055", que "coinciden con la implementación de la "Operación Limpieza"".

Esa operación consiste en remover los bloqueos de las vías con palas mecánicas, camiones y trabajadores del Estado, bajo el resguardo de las "fuerzas combinadas", que se movilizan a bordo de camionetas todo terreno y fuertemente armados.

Según la CIDH, a raíz de la represión estatal 2.000 personas han resultado heridas, 700 personas detenidas y enjuiciadas, mientras que 300 profesionales de la salud han sido despedidos, 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) expulsados y al menos 70 periodistas y trabajadores de medios permanecen en el exilio, "hechos que han quedado impunes".

En el documento, que recoge los resultados de una visita de trabajo a Costa Rica entre el 14 al 18 de octubre de 2018, la Comisión reitera en sus conclusiones su "enérgica condena a la reacción estatal" y pide que se investiguen los actos de violencia "de manera inmediata, con autonomía e independencia, y en estricto apego a las normas y los estándares internacionales".

Ante la "grave y masiva" migración de nicaragüenses a Costa Rica, propone "implementar una respuesta regional e internacional basada en la responsabilidad compartida y el respeto y garantía de los derechos humanos de estas personas", la cual facilite los recursos necesarios al Estado costarricense.

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