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Justicia

Caso Ciccone: los fiscales pidieron que Boudou termine de cumplir su condena en la cárcel

Los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín pidieron hoy que el ex vicepresidente Amado Boudou sea alojado en una cárcel para terminar de cumplir su condena de cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone.

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Los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín pidieron hoy que el ex vicepresidente Amado Boudou sea alojado en una cárcel para terminar de cumplir su condena de cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone.

Así lo indicaron a NA fuentes judiciales, por lo que cuando se reanude la actividad judicial, el próximo miércoles, el juez Daniel Obligado será el encargado de definir cómo se cumplirá la pena.

En tanto, juristas, dirigentes políticos y sindicales, y representantes de organizaciones de derechos humanos publicaron una solicitada en respaldo a Amado Boudou en la que advirtieron que "la persecución política y el lawfare, como los que sufrió y sufre" el exvicepresidente, "atenta contra un Estado de Derecho".

La carta de apoyo a Boudou, titulada "Con Lawfare no hay democracia", lleva la firma de importantes dirigentes de todo el país: figuran el exministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni; representantes de organismos de derechos humanos como Taty Almeida y Lita Boitano; sindicalistas como Pablo Moyano, Hugo Yasky, Víctor Santa María y Sonia Alesso, y una larga lista de senadores, diputados, dirigentes y funcionarios del Frente de Todos.

También adhieren organizaciones como La Cámpora y Los Curas de la Opción por los Pobre y la Asociación de Personal Legislativo (APL).

"Expresamos nuestra preocupación ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que afecta a nuestro sistema democrático, vulnerando derechos y garantías constitucionales", señala el primer párrafo de la solicitada.

Añade que este fallo de la Corte, "sumado a otras graves actuaciones judiciales tales como la aceptación de testimonios recogidos bajo presión, pone de manifiesto el sostenimiento de lawfare como instrumento de disciplinamiento y persecución hacia un proyecto político de ampliación de derechos para las mayorías y lxs más vulnerabilizados".

a9019264-a0cf-4825-ae2e-d66ec454ac22.jpg   En su tercer y último párrafo sostiene que "la persecución política y el lawfare, como los que sufrió y sufre Amado Boudou por recuperar los fondos de las AFJP devolviéndolos a los jubilados y trabajadores, atenta contra un Estado de Derecho, que debe preservar la vida, las garantías y la libertad de las personas".

La solicitada está firmada, además de los dirigentes ya mencionados, por los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Zabaleta (Hurlingham), Fernando Grey (Esteban Echeverría), Lucas Ghi (Morón) y Mario Secco (Ensenada), entre otros.

También la suscribió el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, y la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, junto a legisladores y dirigentes como Carlos Heller, Oscar Parrilli, Mayra Mendoza, Fernanda Vallejos, José Luis Gioja, Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y Paula Penacca.

El viernes, el exvicepresidente Boudou había recibido el respaldo de dirigentes del oficialismo y de organizaciones sociales y de derechos humanos que cuestionaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia y realizaron un "abrazo solidario" al Palacio de Justicia.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el titular de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Hugo Yasky; y el ministro de Desarrollo de Buenos Aires, Andrés Larroque, entre otros, rechazaron el fallo de la Corte Suprema con declaraciones públicas y pronunciamiento en las redes sociales.

La condena de Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal y fue entonces que el exvicepresidente presentó un recurso para que la Corte revocara su condena.

Pero días atrás el máximo tribunal declaró "inadmisible" el recurso presentado por exministro de Economía y dejó así firme su condena vinculada a la calcográfica Ciccone.

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