Un impuestazo que golpea
Te lo advertimos: los aumentos en el impuesto automotor y el impuesto inmobiliario en Mendoza para el 2025 vinieron con subas desmedidas. La realidad es que ambos impuestos han aumentado por encima de la inflación, con incrementos que promedian el 180% respecto al año anterior. ¿Por qué? Porque el gobierno de Alfredo Cornejo decidió que sean las familias mendocinas quienes paguen los platos rotos del recorte de fondos nacionales y la estrategia de alineamiento con el gobierno nacional.
Un impuestazo que golpea a las familias
La estructura impositiva de Mendoza asigna una participación del 3,9% al impuesto inmobiliario y del 7,3% al impuesto automotor en el período 2016-2023. Mientras el gobierno provincial reducía impuestos como Ingresos Brutos para ciertos sectores, el peso fiscal caía sobre los hogares mendocinos. Este año, la presión tributaria se disparó y las subas de ambos impuestos superan ampliamente la inflación proyectada para el 2025 (18,3%) y la inflación acumulada de 2024 en Mendoza (107,5%).
El 75% del impuesto automotor va a los municipios, que deberían usarlo para obras y mantenimiento. Sin embargo, la realidad es que las luminarias siguen sin funcionar, las calles están destruidas, los espacios públicos están abandonados y la arboleda pública se está secando. La pregunta es simple: ¿dónde está esa plata?
Mientras la carga impositiva crece, los salarios siguen sin actualizarse. En Mendoza, la escala salarial para 2025 aún está en negociación. Hoy, un trabajador de viñedo tiene un salario inicial de $450.000, mientras que un trabajador de bodega gana alrededor de $550.000. En febrero comenzarán las discusiones salariales, pero ya está claro que los incrementos de impuestos son muy superiores a cualquier posible aumento de sueldo.
Un ajuste disfrazado de revalúo
El aumento de estos impuestos no es casualidad. Se aplicó un nuevo relevamiento territorial con drones que llevó a una revalorización de los inmuebles, lo que automáticamente disparó el tributo a pagar. En el caso del impuesto automotor, las alícuotas ahora varían del 1,5% al 3%, dependiendo del modelo y la valuación del vehículo establecida por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA). Esto significa que los mendocinos no solo pagan más, sino que pagan sobre valores que el gobierno impone sin discusión.
La estrategia del gobierno provincial de alinearse con el recorte de fondos nacionales tiene un costo, y ese costo no lo pagan los sectores privilegiados, sino los trabajadores mendocinos. La plata que dejó de llegar a Mendoza por coparticipación y otras transferencias debía salir de algún lado, y el gobernador Cornejo eligió que sean los ciudadanos quienes lo financien a través de este impuestazo. Mientras tanto, los servicios siguen sin mejorar y los problemas estructurales de la provincia siguen sin resolverse.
No podemos aceptar que este sea el destino de Mendoza. Las familias mendocinas no pueden seguir financiando el ajuste del gobierno provincial con impuestos desmedidos y sin contraprestación real. Es hora de exigir transparencia en la administración de los recursos y un modelo impositivo justo, que no caiga siempre sobre los mismos.
¿El ajuste lo paga la "casta" o los "argentinos de bien"?
El recorte de fondos nacionales a las provincias y la alineación de Cornejo con el modelo de ajuste de Javier Milei obligan a que alguien financie los servicios, las obras paralizadas y la caída de la coparticipación. Y ese alguien, como siempre, son los mendocinos.
¿No era que el ajuste lo iba a pagar la "casta"? La realidad demuestra lo contrario: los aumentos en los impuestos automotor e inmobiliario impactan directamente en las familias, en los trabajadores y en la clase media mendocina, mientras los grandes grupos económicos siguen recibiendo beneficios fiscales.
Este aumento de impuestos no es para mejorar los servicios ni para desarrollar la provincia. Es para tapar los agujeros que deja un gobierno que prioriza la obediencia política sobre la gestión responsable. Mientras tanto, los vecinos siguen esperando mejoras en sus barrios, y los trabajadores ven cómo su salario pierde poder adquisitivo frente a una carga tributaria impagable.
Por: Diputado Provincial Emanuel Fugazzotto
