ABERRANTE
Las alertas llegaron desde el exterior y encendieron una investigación local de alto impacto. Agencias estadounidenses especializadas en delitos informáticos informaron a la Justicia argentina sobre el tráfico de contenido pedófilo detectado en redes sociales, lo que derivó en una investigación que terminó con un hombre detenido en Guaymallén.
El acusado, de 44 años, es administrador de consorcios y padre de tres hijos. Está señalado por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual no solo por almacenar más de 200 archivos de abuso sexual infantil, sino también por compartirlos activamente en plataformas como Instagram, correo electrónico e incluso desde el email profesional de uno de los complejos que administraba.
Pero la acusación fue aún más grave: en algunos de los contenidos, según la investigación, el propio hombre aparecería participando de los abusos, y se sospecha que una de las víctimas podría haber sido uno de sus hijos. Ese hecho, de comprobarse, no podría ser juzgado por estar prescripto, dado que las imágenes serían anteriores a 20 años.
La causa avanzó luego de un allanamiento realizado en su domicilio de Guaymallén, donde se secuestraron una computadora y un teléfono celular. Los peritajes tecnológicos detectaron otros 119 archivos, algunos de ellos enviados por WhatsApp. La jueza Cristina Pietrasanta dictó la prisión preventiva, rechazando la libertad y el arresto domiciliario que había solicitado la defensa.
En paralelo, la esposa del acusado quedó bajo sospecha: la Justicia le tomó una declaración testimonial, figura intermedia entre testigo e imputado, ya que existen indicios de que ella habría tomado algunas de las fotos.
El expediente judicial cubre un extenso período: entre el 1 de marzo de 2019 y el 17 de junio de 2023, se comprobaron 106 archivos subidos por el acusado, distribuidos a través de diferentes plataformas. La pena prevista por los delitos imputados —producción, distribución y tenencia agravada de material pedófilo— puede alcanzar entre 4 y 8 años de prisión.
Aunque la investigación se encuentra en una fase preliminar, los elementos recolectados hasta ahora configuran un caso grave que seguirá bajo la lupa del Poder Judicial y de organismos internacionales especializados en la protección de menores en entornos digitales.
