Caso Pyme VIP
En el 2013, un caso de prostitución estalló en Mendoza, luego de varios allanamientos realizados en el centro de la provincia. Meses de investigación culminaron en un prostíbulo desbaratado, varias condenas y un inmueble marcado para siempre.
Más conocido como Pyme VIP, el caso resurge tras los pedidos del dueño del lugar ubicado en calle 25 de Mayo al 1.114, a una cuadra de distancia de la plaza Independencia, para recuperar la propiedad. El hombre fue desvinculado de la causa, sin embargo la Justicia no levantó el decomiso durante estos años.
Durante las pesquisas, autoridades detectaron que en el prostíbulo prestaban servicios sexuales al menos 30 víctimas bajo las órdenes de Sebastián Solé, el proxeneta que dos años después fue condenado a una década en prisión. Allí también se realizaron abortos a algunas víctimas.
Cómo inició el mayor caso de prostitución en Mendoza
A principios de febrero de 2013, una llamada anónima advirtió a las fuerzas policiales que había logrado escapar de un prostíbulo llamado “Pyme VIP”. Detalló quiénes manejaban el lugar, qué apodos tenían y que algunas de las víctimas eran menores de edad.
A partir de ese dato, comenzó la investigación. Se llevaron a cabo cuatro allanamientos, hasta que llegaron hasta el edificio ubicado sobre calle 25 de Mayo. Rescataron a 12 mujeres y secuestraron dinero, folletería, exámenes médicos, cajas de preservativos y tarjetas con frases como: "¿Sos linda y buscás trabajo? Trabajá en Pyme VIP". Los proxenetas atraían a jóvenes mediante ese tipo de publicidades que publicaban también en redes sociales.
Con la excusa de tener un buen sueldo y pagar el pasaje a las que no residían en Mendoza, las víctimas terminaban en una red de trata. En este caso, Sebastián Solé fue el principal imputado.
Un juicio con numerosos acusados
Durante la investigación, y luego el juicio, existieron varios involucrados como médicos, policías e inspectores municipales. También estuvo bajo la lupa de la investigación el dueño de la propiedad, que le alquilaba el lugar a Solé. Aunque jamás se determinó si sabía o no lo que sucedía en el lugar, pese a que Solé declaró lo contrario.
El propietario terminó sobreseído porque prescribió la causa, aunque no se levantó el decomiso. Por esto, su abogado defensor solicitó en reiteradas oportunidades que le devuelvan el edificio.
Por detalles técnicos, aún no obtiene una respuesta de la Justicia Federal aunque en los últimos días se emplazó a presente un recurso ante la Cámara de Casación Federal, donde podría obtener el visto bueno.
Solé fue condenado a 10 años de prisión, además de 5 años para la encargada del lugar -Paola González-, 3 años y medio para quien hacía tareas de mantenimiento -Cristian Prado-, 2 años en suspenso para el médico que interrumpió los embarazos -Osvaldo Pastorino- y para dos policías -Ángel Arias y Nelson Bravo- y un inspector municipal -Raúl Cuquejo- que hicieron la vista gorda.
