La Justicia Federal de San Juan avanzó en un caso de trata agravada que involucró a una menor de edad presuntamente obligada a contraer una unión forzada. La investigación fue desarrollada por personal de Gendarmería Nacional, que logró reconstruir las circunstancias de sometimiento denunciadas y aportar pruebas para la condena de los acusados.
El expediente comenzó a partir de una denuncia anónima al 911 realizada en abril del año pasado. La comunicación advertía sobre un posible secuestro de una joven en el departamento de Caucete. Tras la intervención de las fuerzas de seguridad, se logró interceptar un vehículo en el que viajaba la menor junto a su hijo recién nacido y otras personas.

Según la información oficial difundida por la fuerza, la joven habría sido obligada a casarse con el hijo de una familia de la colectividad Romani. La investigación también detectó que fue trasladada por diferentes provincias y sometida a distintos tipos de violencia.
Entre las situaciones señaladas en la causa se mencionan agresiones físicas, violencia psicológica, explotación laboral, privación alimentaria y restricciones vinculadas al acceso a la salud.
Uno de los aspectos centrales del trabajo investigativo fue el entrecruzamiento de datos para reconstruir cronológicamente los hechos y determinar la participación de los involucrados. En las tareas colaboraron las Unidades de Investigación de Gendarmería de Neuquén, Córdoba y Santa Fe.
Además, el Ministerio Público Fiscal trabajó junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y otros organismos institucionales. De acuerdo con lo informado, esa labor permitió sostener la acusación que finalmente derivó en la condena de 10 años de prisión dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan.



