IDENTIDAD REVELADA
La organización de derechos humanos H.I.J.O.S. Córdoba confirmó que uno de los restos hallados en una fosa del ex centro clandestino de detención La Perla pertenece al mendocino Ramiro Bustillo Rubio, quien había sido secuestrado el 18 de octubre de 1977 durante la última dictadura militar.
Bustillo Rubio, oriundo de San Rafael, tenía 25 años cuando fue interceptado en la vía pública en la ciudad de Córdoba. Su secuestro ocurrió en el marco de operativos represivos contra militantes del Partido Comunista. La orden fue emitida por el entonces jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, uno de los principales responsables del aparato represivo en esa provincia.
El joven militaba bajo el seudónimo “Antonio”, cursaba cuarto año de Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba como dibujante técnico en la empresa FIAT.
Al momento de su desaparición estaba casado con Alicia Noemí De Leonardi. La pareja tenía un hijo y esperaba a su segunda hija, Elena, quien nació después del secuestro de Ramiro.
De acuerdo con registros del Archivo Provincial de la Memoria, el mendocino fue trasladado primero al centro clandestino conocido como Departamento de Informaciones D2 y posteriormente al CCDTyE La Perla, donde permaneció cautivo. Los responsables de su secuestro y desaparición fueron condenados años después en la Megacausa La Perla-La Ribera-D2.
Además, fuentes de la investigación indicaron que podría haber un segundo mendocino desaparecido enterrado en la misma fosa, un dato que aún se encuentra bajo análisis.
El mensaje de la familia
Tras conocerse la identificación, familiares de Bustillo expresaron en el medio La Tinta:
“El único relato es la verdad. Y la verdad es que te llevaron lejos, tan lejos que pasaron años. Tan lejos que duele la alegría de encontrarte. Acá estamos, atravesados por sensaciones, porque encontrarte fue recuperar identidad. Ahora podemos pensarte y sentir que ya no estás solo”.
Qué fue La Perla
El ex centro clandestino La Perla funcionó entre 1976 y 1978 como parte del sistema represivo del III Cuerpo de Ejército. Se estima que por allí pasaron alrededor de 2.500 personas detenidas ilegalmente.
Los prisioneros eran recluidos inicialmente en habitaciones que los militares llamaban “las oficinas”, donde les quitaban su nombre y les asignaban un número, como parte de un proceso de deshumanización y destrucción de la identidad. Luego aguardaban la orden de “traslado”, el eufemismo utilizado por los represores para referirse a fusilamientos o desapariciones.
En 2016, el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Córdoba condenó a 38 represores a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro y en otros espacios represivos de la provincia. Entre las víctimas hubo militantes políticos, sindicalistas, obreros y también personas sin militancia política.
