MUY COMPLICADO
Un hombre de 33 años, vecino de Guaymallén, se encuentra bajo la lupa de la Justicia de Mendoza luego de que su pareja descubriera en su celular lo que podrían ser pruebas de un caso de pedofilia. El hecho fue denunciado a fines de marzo y desde entonces la Fiscalía de Delitos Sexuales intenta determinar si el acusado filmó a sus hijastras mientras se cambiaban de ropa y si esos videos fueron compartidos en grupos de Telegram.
El expediente, a cargo de la fiscal Virginia Rumbo, se inició tras el llamado al 911 que realizó una mujer de 32 años, quien relató que mientras su pareja se bañaba, aprovechó para revisar su teléfono. En la galería de imágenes encontró tres videos que la alarmaron: en ellos, el hombre ocultaba el dispositivo en una caja de juguetes, organizaba el ángulo de grabación y dejaba a las niñas solas en la habitación.
Además, la denunciante accedió a la cuenta de Telegram del sospechoso y descubrió que participaba en grupos vinculados a contenido pedófilo. Con esa información, la Policía llegó al domicilio de la pareja, lo aprehendió y secuestró su teléfono, que pasó a ser la pieza clave en la investigación.
El proceso judicial, sin embargo, enfrenta un obstáculo legal. El abogado defensor, Leonardo Pasccón, solicitó la nulidad del secuestro del celular, alegando que se realizó sin orden judicial. Para la defensa, esa prueba no puede incorporarse legalmente al expediente.
Mientras tanto, el acusado fue citado a una declaración informativa, una instancia previa a una eventual imputación. El juez Gabriel Bragagnolo deberá resolver si la extracción de datos del celular es válida o no. Si se autoriza y se confirma la existencia de material pedófilo, el hombre podría ser imputado por producción de representación de menores en actividad sexual, delito que prevé de 3 a 6 años de prisión.
La pareja convivía desde hacía dos años en una casa de Dorrego, junto a su hijo de 2 años y las hijas de la mujer, de 4 y 7 años. La denuncia, surgida de un acto de desconfianza doméstica, destapó lo que podría ser un caso de abuso sistemático registrado con cámaras ocultas. Ahora, la Justicia penal deberá determinar si hubo delito y si las pruebas son válidas.
