ESTRATEGIA DE LA DEFENSA
La investigación sobre Julieta Silva se ha transformado en uno de los expedientes más observados en San Rafael. El caso, atravesado por denuncias de violencia doméstica y con fuerte repercusión mediática, plantea un desafío para la Justicia mendocina, que debe avanzar sin dar señales de impunidad.
La mujer permanece bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica, condición otorgada por ser madre de una niña pequeña. Su situación procesal se originó en julio, cuando su esposo, el empresario Lucas Giménez, denunció haber sido golpeado y pidió ayuda a través del 911. Desde entonces, el expediente tomó relevancia por el contraste entre la vida privada de la pareja y la exposición pública del conflicto.
En este escenario, la defensa a cargo del abogado Roberto Castillo analiza distintos caminos. Uno de ellos es el juicio abreviado, que permitiría una condena breve —posiblemente inferior a un año— y la continuidad de la detención en su domicilio. La otra opción es más polémica: sostener que Silva era víctima de violencia y extorsión por parte de Giménez, lo que desplazaría el foco de las acusaciones y podría forzar un debate oral.
La Fiscalía, por su parte, enfrenta la presión de garantizar celeridad en el trámite sin descuidar el impacto simbólico. La decisión de aceptar o rechazar un acuerdo será clave para el rumbo de la causa.
Aunque todavía no existe una fecha de audiencia, se prevé que la próxima semana Castillo viaje a San Rafael para avanzar en las conversaciones. El desenlace marcará no solo el futuro judicial de Silva, sino también el modo en que la Justicia local responde ante casos de violencia doméstica que despiertan amplia atención social.
