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LAVADO DE ACTIVOS

Nuevos detalles del megaoperativo para desbaratar a una organización criminal

Los procedimientos se realizaron en Guaymallén, Ciudad, Las Heras y el complejo penitenciario Almafuerte.

Allanamientos

La Policía de Mendoza llevó adelante este jueves 25 allanamientos simultáneos en Guaymallén, Ciudad, Las Heras y distintos sectores del complejo penitenciario Almafuerte, en el marco de una investigación federal por lavado de activos vinculada a una organización criminal investigada por comercialización de drogas.

Los procedimientos fueron coordinados junto al Ministerio Público Fiscal de la Nación y tuvieron como objetivo profundizar la investigación sobre la estructura económica de la organización, además de reunir evidencia patrimonial y financiera de interés para la causa.

Como resultado de los allanamientos, los efectivos secuestraron 65 teléfonos celulares, computadoras, notebooks, tablets, dispositivos de almacenamiento digital, memorias externas, pendrives, un DVR, máquinas para contar billetes y diversa documentación vinculada a la pesquisa.

Allanamientos

Además, fueron incautados casi $8 millones en efectivo, más de 700 dólares estadounidenses, otras divisas extranjeras y un vehículo de alta gama, elementos que quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Uno de los procedimientos realizados en oficinas ubicadas sobre avenida San Martín de Ciudad permitió el secuestro de equipamiento tecnológico, dinero y documentación que será incorporada al expediente.

Entre los hallazgos más relevantes, en un módulo del complejo penitenciario Almafuerte fueron secuestrados 37 teléfonos celulares, además de marihuana y cocaína.

Durante una conferencia de prensa, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, explicó que la investigación permitió detectar movimientos económicos cercanos a los $800 millones mediante billeteras virtuales utilizadas por una asociación integrada por un interno y personas vinculadas a él.

Allanamientos

Según la información oficial, la pesquisa apunta a avanzar sobre las estructuras económicas que sostienen actividades ilícitas y a impedir que las organizaciones continúen obteniendo beneficios económicos provenientes de la comercialización de drogas.

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