En Palmira, San Martín, una madre encendió las alarmas al descubrir que su hija de 17 años había intercambiado mensajes sexuales con un preceptor escolar. Los mensajes, iniciados el 28 de febrero, contenían referencias explícitas a encuentros íntimos, lo que motivó la denuncia online presentada el 4 de marzo.
La fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, Mariana Gutiérrez, asumió el caso con rapidez. Se activaron los protocolos habituales: ratificación del testimonio de la denunciante, intervención de la asesoría de menores, y remisión al Juzgado de Familia.
Los investigadores identificaron al sospechoso y, el 13 de marzo, se le impuso una prohibición de acercamiento hacia la menor. Cuatro días después, fue citado junto a su abogado defensor, Federico Ábalos, para una declaración informativa, un procedimiento exploratorio sin imputación formal.
Mientras tanto, los peritos de Delitos Tecnológicos realizaron la extracción forense del teléfono de la adolescente mediante la técnica “Espejo Chubut”, recuperando información digital, incluso eliminada. La escuela también fue monitoreada y se labraron actas sobre el contexto laboral y académico del preceptor. Además, se ordenó un informe psicopatológico del sospechoso.

Sin embargo, el análisis de las conversaciones reveló un giro inesperado: no existió solicitud explícita por parte del adulto ni elementos de coacción, amenaza o intimidación. Por el contrario, fue la adolescente quien envió por iniciativa propia fotografías, aparentemente en bikini, y pidió que el preceptor las viera.
Tras más de cinco meses de investigación, la fiscal Gutiérrez concluyó que, si bien la conducta era inapropiada y éticamente cuestionable, carecía de los elementos legales para configurar un delito penal. El abogado defensor solicitó el archivo de actuaciones, que fue aprobado, debido a la falta de pruebas adicionales y a que la presunta víctima no se constituyó como querellante particular.
El caso, que inicialmente parecía un típico episodio de grooming, terminó cerrado, mostrando la complejidad de los procedimientos judiciales frente a conductas reprochables que no encuentran encuadre legal.


