CÁMARA DE DIPUTADOS
Previo a su exposición en el Congreso, el jefe de Gabinete Manuel Adorni respondió un extenso cuestionario legislativo con más de 2.100 preguntas, muchas de ellas vinculadas a su situación patrimonial, declaraciones juradas y supuestas investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción.
Uno de los puntos más sensibles estuvo relacionado con un viaje a Punta del Este realizado en febrero, en el que habría utilizado un avión privado junto al periodista Marcelo Grandio. La consulta apuntó a si ese traslado había sido declarado ante la Oficina Anticorrupción como corresponde.
Respuesta sobre el viaje y la OA
Desde el Ejecutivo se informó que no existen registros de viajes financiados por terceros bajo la normativa vigente para ese tipo de situaciones, y se aclaró que la regulación aplica únicamente a determinados supuestos vinculados a actividades académicas o culturales.
Además, se indicó que Adorni presentó sus declaraciones juradas patrimoniales y de actividades en los términos de la ley de ética pública, y que no se detectaron conflictos de interés en su caso.
Declaraciones juradas y patrimonio
El jefe de Gabinete también fue consultado sobre la evolución de su patrimonio, bienes y activos desde su ingreso a la función pública. En su respuesta, se señaló que la información patrimonial es pública y puede ser consultada en los registros oficiales correspondientes.
Respecto de los bienes del grupo familiar, se aclaró que esa información forma parte de anexos reservados, protegidos por la normativa vigente.
Plazos y presentación de documentación
Ante cuestionamientos por la fecha de presentación de su última declaración jurada, desde el Gobierno se indicó que aún no vencen los plazos legales establecidos, por lo que no corresponde una intimación en esta etapa.
Caso $LIBRA y respuesta oficial
En paralelo, la Casa Rosada volvió a negar cualquier vínculo contractual entre el presidente Javier Milei y el empresario Hayden Davis en el marco del caso vinculado a la criptomoneda $LIBRA.
El Ejecutivo sostuvo que no existen registros oficiales de acuerdos o contratos entre las partes y relativizó las versiones surgidas a partir de filtraciones judiciales.
También se destacó la intervención de la Oficina Anticorrupción, que concluyó que no hubo infracciones en la difusión del proyecto, según los análisis realizados.
