AYUDA A LA ARGENTINA
En un movimiento clave antes de finalizar su mandato, la administración de Joe Biden intervino a favor de Argentina en la causa judicial por la reestatización de YPF. A través de una presentación formal como amicus curiae, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al tribunal del Distrito Sur de Manhattan, presidido por la jueza Loretta Preska, que las acciones de YPF no sean embargadas como garantía para el cobro de los U$S 16.000 millones reclamados por el fondo Burford Capital, principal demandante en el caso.
La causa, que ya cuenta con un fallo adverso en primera instancia contra Argentina, está en proceso de apelación en la Corte del Segundo Circuito. Sin embargo, Burford exige que el 51% de las acciones de YPF, controladas por el Estado argentino, sean embargadas como respaldo mientras continúa el litigio.
Apoyo estratégico de Estados Unidos
El escrito del Gobierno estadounidense respalda la posición argentina de que las acciones de YPF no deberían ser utilizadas como garantía, ya que forman parte de una sociedad que opera de manera autónoma y no como un activo estatal directo. Este apoyo tiene un peso significativo, ya que los tribunales suelen tomar en consideración las recomendaciones del Departamento de Justicia norteamericano.
Además, en la misma situación de riesgo se encuentran otros activos estatales, como el Banco Central, el Banco Nación y la empresa energética ENARSA. Burford también busca embargar estos bienes, alegando que son "Alter Ego" del Estado argentino, un argumento basado en la supuesta falta de independencia entre estas entidades y el Gobierno nacional.
Un contexto complejo
La situación se ve agravada por el incremento en el valor de mercado de YPF, que pasó de U$S 6.000 millones en 2023 a más de U$S 18.000 millones actualmente. Esto eleva considerablemente el valor del paquete accionario en disputa, que representa más de U$S 9.000 millones.
A pesar de los argumentos legales presentados por Argentina, como la autonomía de YPF y la imposibilidad de transferir acciones sin la aprobación del Congreso, el caso se encuentra en terreno incierto. Declaraciones recientes de funcionarios como Axel Kicillof, quien vinculó decisiones estratégicas de la empresa al Gobierno de Javier Milei, han sido utilizadas por Burford para reforzar su posición.
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El impacto del fallo
La jueza Preska debe decidir si considera que YPF y las otras entidades son "Alter Ego" del Estado argentino, lo que las haría susceptibles de embargo. En caso de avanzar con este reclamo, los activos en cuestión podrían ser utilizados para garantizar el pago del fallo, marcando un precedente preocupante para el país.
El respaldo de Biden representa un alivio parcial para Argentina, pero el desenlace del caso dependerá de la decisión final de los tribunales estadounidenses. Mientras tanto, la amenaza de embargos sigue latente, en un juicio que pone en juego miles de millones de dólares y la reputación financiera del país.
