El gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo escándalo por supuestas coimas en la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), esta vez vinculado a su hermana Karina Milei y a Lule Menem. Mientras la polémica toma fuerza, la oposición se organiza para limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), la herramienta que actualmente le permite gobernar con autonomía.
La propuesta de la oposición, encabezada por Alejandra Vigo, busca eliminar la vigencia automática de los DNU y establecer que pierdan efecto si no son ratificados en 90 días por ambas cámaras del Congreso. De concretarse, Milei perdería su principal instrumento de gobierno efectivo hasta octubre, cuando su partido espera reforzar su representación legislativa.

En paralelo, la situación económica suma presión. La estrategia de “apretón monetario” del Gobierno genera altos costos financieros para PyMEs y tensión en los mercados, mientras el consumo sigue débil y la inflación se mantiene como un desafío constante.
Los audios filtrados complican aún más el panorama. Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, denunció en grabaciones supuestas irregularidades en la distribución de comisiones, cuestionando la actuación del presidente y de su entorno cercano. El Gobierno, que hasta ahora no dio explicaciones oficiales, permanece en un inusual silencio en sus canales de comunicación.

El caso ANDIS evidencia, según analistas, la falta de política y coordinación interna del Gobierno. La presión política y mediática crece, mientras la oposición aprovecha el momento para avanzar sobre la capacidad de Milei de gobernar mediante DNU y los ciudadanos esperan respuestas claras y rápidas ante acusaciones de corrupción que involucran a su círculo más cercano.
