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Caso Adorni: la Justicia le prohibió salir del país sin autorización por la causa de presunto enriquecimiento ilícito

El juez federal Ariel Lijo hizo lugar a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita y dispuso que el exjefe de Gabinete deberá solicitar autorización judicial para viajar al exterior mientras continúa la investigación sobre la evolución de su patrimonio

La Justicia federal resolvió que Manuel Adorni no podrá abandonar la Argentina sin autorización judicial mientras avanza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, y constituye la primera restricción procesal impuesta al exfuncionario desde el inicio del expediente.

La investigación también alcanza a Bettina Angeletti, esposa de Adorni, y busca determinar si la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete resulta compatible con los ingresos que declaró durante su paso por la función pública.

La Justicia descartó ordenar la detención de Manuel Adorni

La resolución judicial rechazó el pedido de detención presentado por el abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, quienes actúan como denunciantes en la causa. Como alternativa, también habían solicitado la prohibición de salida del país y la retención del pasaporte.

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Sin embargo, tanto el fiscal como el magistrado consideraron que no existen elementos que acrediten un riesgo concreto de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Según el dictamen de Pollicita, Adorni mantuvo una conducta compatible con el normal desarrollo del proceso y no realizó maniobras dilatorias.

El fiscal también descartó que las conversaciones que el exfuncionario mantuvo con el contratista Matías Tabar antes de su declaración como testigo hayan constituido un intento de influir en la investigación. Por el contrario, sostuvo que el testimonio del empresario terminó aportando información que comprometió aún más la situación procesal de Adorni.

La defensa aseguró que no tenía previsto viajar al exterior

Antes de que se dictara la medida, la defensa del exjefe de Gabinete, encabezada por el abogado Matías Ledesma, informó al juzgado que Adorni permanece en la Argentina y que no tenía previsto viajar al exterior en el corto plazo.

La presentación se produjo luego de que trascendieran versiones sobre una posible mudanza a Uruguay tras su salida del Gobierno.

Qué investiga la causa por presunto enriquecimiento ilícito

La investigación judicial se centra en determinar si el patrimonio de Manuel Adorni guarda relación con los ingresos que declaró oficialmente.

Entre las operaciones bajo análisis figura la remodelación de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, donde, según consta en el expediente, se habrían invertido al menos 245.000 dólares en obras y equipamiento.

Pollicita también destacó que el exfuncionario no registra antecedentes penales, posee bienes en el país y mantiene aquí su residencia junto a su familia, circunstancias que, a criterio de la fiscalía, reducen la posibilidad de un eventual peligro de fuga.

El próximo paso de la investigación

En las próximas semanas, el fiscal solicitará formalmente que Adorni justifique el origen de su patrimonio. El requerimiento estará respaldado por un informe elaborado por la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo especializado en el análisis de movimientos patrimoniales y financieros.

Será la primera oportunidad procesal para que el exfuncionario explique el origen de los fondos bajo sospecha. En declaraciones públicas, Adorni afirmó que poseía unos 500.000 dólares sin declarar, provenientes de inversiones en criptomonedas, una explicación que ahora será contrastada con la documentación reunida por la fiscalía.

Si las respuestas no logran despejar las dudas sobre la evolución de su patrimonio, la causa podría avanzar hacia una citación a declaración indagatoria.

Las declaraciones que complican al exfuncionario

En los últimos días también prestaron declaración empleados y exfuncionarios vinculados a la Vocería Presidencial. De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, algunos reconocieron haber facilitado sus nombres o tarjetas de crédito para realizar compras de elevado monto que habrían servido para ocultar gastos incompatibles con los ingresos declarados por el entonces funcionario.

Esos testimonios forman parte de las pruebas que la Justicia analiza para determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar el verdadero origen y destino de parte del patrimonio investigado.