CRISIS POR YPF
En un nuevo giro judicial en los tribunales de Nueva York, más fondos de inversión se sumaron al reclamo por el 51% de las acciones de YPF, actualmente en manos del Estado argentino, tras el fallo de la jueza Loretta Preska. Se trata de acreedores que poseen sentencias firmes por la deuda soberana en default desde 2001, y que buscan ejecutar esos fallos a través de la toma de control accionario de la principal petrolera del país.
Según confirmó Sebastián Maril, director de Latam Advisors, los nuevos demandantes son los fondos Attestor, Trinity, Bybrook, White Hawthorne y Bison Bee, que presentaron solicitudes ante la justicia estadounidense para recibir el mismo trato que otros beneficiarios, mediante una orden conocida como “me too”. Esta figura legal permite extender los efectos de un fallo anterior a nuevos actores con reclamos similares.
Los fondos aseguran que sus derechos como acreedores preceden a los de los casos Petersen/Eton y Bainbridge, que derivaron en la actual orden de ejecución sobre YPF. Por eso, no solo piden ser incluidos en el reparto, sino también recibir prioridad en el cobro.
Los cinco fondos no participaron en las demandas por la expropiación de YPF, pero cuentan con fallos firmes por bonos impagos tras la crisis de 2001. En particular, Attestor Master Value y Trinity Investments están representados por el abogado Dennis Hranitzky, conocido por haber logrado la confiscación de la Fragata Libertad en Ghana en 2012, cuando actuaba en nombre del fondo NML - Elliott Capital Management.
Los nuevos demandantes sostienen que la Argentina aún posee formalmente el control accionario de YPF, y que ese activo debería ser utilizado para saldar las obligaciones judiciales pendientes. Aseguran que su reclamo se sustenta tanto en leyes estadounidenses como en normas internacionales aplicables a casos de default soberano.
Desde Latam Advisors remarcaron que “estos fallos preceden a las causas Petersen/Eton y Bainbridge, lo que podría modificar el orden de prelación en una eventual ejecución”. El avance de este nuevo grupo de fondos genera mayor presión sobre el activo más valioso del Estado argentino en el exterior.
Mientras tanto, el Gobierno argentino espera que la jueza Preska resuelva un pedido de suspensión del fallo, y prepara una apelación ante una Corte de segunda instancia. El escrito fue presentado por el estudio Sullivan & Cromwell LLP, que argumentó que la decisión debe quedar en standby, ya que la Argentina demostró que tiene argumentos con chances de prosperar, y que no solo el Estado podría salir perjudicado, sino también otras partes interesadas y el interés público.
