NUEVA ESTRATEGIA
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó a delinear una nueva etapa de su defensa en la causa Vialidad, con el objetivo de intentar revertir la condena por corrupción confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Para ello, sumó a su equipo al abogado brasileño Rafael Valim, reconocido especialista en Derecho Constitucional, Derecho Público y derechos humanos.
El jurista trabajará junto al español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una estrategia orientada a presentar el caso ante tribunales y organismos internacionales, donde la defensa sostendrá que durante el proceso judicial se produjeron presuntas vulneraciones a derechos fundamentales.
La incorporación de Rafael Valim, quien además asesora al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, forma parte del nuevo esquema legal que la exmandataria impulsará luego de que la sentencia por la causa Vialidad quedara firme en la Argentina.
Quién es Rafael Valim, el abogado que se incorpora a la defensa
Con más de veinte años de trayectoria, Rafael Valim es doctor y magíster por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP) y cuenta con una extensa carrera académica y profesional vinculada al Derecho Público, el Derecho Constitucional y los derechos humanos.
Además, es coautor del libro Lawfare: una introducción, publicado junto a Cristiano Zanin —actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y exabogado de Lula da Silva— y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins.
Según trascendió, la estrategia será presentada oficialmente en los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires. En declaraciones a un medio brasileño, Valim sostuvo que Cristina Kirchner fue víctima de "graves violaciones de derechos humanos fundamentales", argumento que buscará exponer en la instancia internacional.
La condena en la causa Vialidad
La causa Vialidad concluyó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al ser hallada responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El fallo fue confirmado por todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema de Justicia.
En las últimas semanas, el máximo tribunal también rechazó los recursos presentados por la defensa respecto del monto del decomiso dispuesto en la causa, dejando firme la obligación de reintegrar al Estado $685.000 millones, cifra establecida por la Justicia como reparación del perjuicio económico determinado en el expediente.
Con la sentencia firme en el ámbito nacional, la defensa de la exmandataria buscará ahora abrir un nuevo frente judicial mediante la presentación de recursos ante organismos internacionales, con el objetivo de cuestionar la validez del proceso y de la condena impuesta.
