Contrarreloj en el Senado: el oficialismo busca cerrar los votos para la reforma laboral
A una semana del inicio de las sesiones extraordinarias, el oficialismo intensifica las negociaciones para aprobar el 11 de febrero en el Senado el proyecto de reforma laboral, una iniciativa que el Gobierno presenta como clave para “impulsar el empleo registrado”, pero que genera tensiones políticas y fiscales tanto en el Congreso como entre los gobernadores.
Las tratativas en la Cámara alta están encabezadas por la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien articula con la UCR, el PRO y los bloques provinciales, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, avanza en negociaciones paralelas con los mandatarios provinciales. Según fuentes oficiales, el Ejecutivo ya habría asegurado el respaldo de siete gobernadores, aunque el apoyo aún aparece condicionado.
El principal foco de conflicto es la reducción de las alícuotas del impuesto a las ganancias para las empresas, una medida que impacta de lleno en la coparticipación y en las finanzas provinciales. La rebaja prevista —del 35% al 31,5%— implicaría para las provincias una pérdida estimada de 1,2 billones de pesos, un dato que tensiona el discurso oficial sobre el federalismo fiscal.
Frente a ese escenario, el Gobierno analiza mecanismos de compensación, aunque hasta el momento no se han explicitado alternativas concretas, lo que alimenta la desconfianza de los mandatarios. Aun así, el oficialismo logró sumar el apoyo de los gobernadores aliados de la LLA, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), además del acompañamiento de los dialoguistas Gustavo Sáenz (Salta) y Rolando Figueroa (Neuquén).
En el plano parlamentario, La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y confía en sumar tres votos del PRO y siete radicales, además del respaldo de Sáenz y Figueroa, lo que le permitiría alcanzar 33 votos. Sin embargo, el número sigue siendo ajustado y obliga al Ejecutivo a buscar cuatro apoyos adicionales, que podrían provenir de Misiones, Chubut y Corrientes.
Dentro de la UCR, persisten resistencias internas. Los senadores Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger manifestaron reparos al proyecto, en línea con los cuestionamientos de varios gobernadores sobre el impacto fiscal y la falta de consensos más amplios.
Dictamen con cambios y objeciones abiertas
El dictamen, firmado el 11 de diciembre, incorporó modificaciones reclamadas por pymes y bancos, pero no logró despejar las críticas de fondo. En particular, los gobernadores rechazan los cambios en Ganancias, mientras que distintos bloques insisten en revisar el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral, para evitar que se sostenga con recursos que hoy se destinan a la Anses.
Entre los cambios incluidos se habilitó el pago de indemnizaciones en pymes en hasta 18 cuotas y se estableció que los salarios deberán abonarse exclusivamente en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera. También se introdujeron modificaciones en los convenios de ultraactividad, manteniendo por un año las cláusulas normativas —condiciones laborales— pero eliminando las obligaciones económicas, como los aportes solidarios a cámaras empresariales y gremios.
Con apoyos aún frágiles y cuestionamientos sin resolver, la reforma laboral avanza hacia el recinto del Senado en un clima de negociación permanente, donde el Gobierno apuesta a cerrar los votos necesarios, pero enfrenta el desafío de sostener el consenso político y federal que la ley requiere.