CORTE SUPREMA
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando su absolución en la causa Vialidad por "arbitrariedad manifiesta". Asimismo, recusó al juez Manuel García Mansilla, quien fue designado en el máximo tribunal mediante un decreto del presidente Javier Milei.
En su escrito, los abogados de Kirchner argumentaron que el Tribunal de Casación rechazó un recurso extraordinario contra el fallo sin responder ni tratar las violaciones a los derechos y garantías constitucionales planteadas. "Los jueces de Casación tampoco se pronunciaron sobre la arbitrariedad manifiesta de la sentencia ni sobre la refutación concreta de los fundamentos expuestos en las instancias previas", señaló la exmandataria a través de su cuenta en X.
Además, los representantes legales de la expresidenta cuestionaron la imparcialidad del juez García Mansilla, argumentando que su designación por decreto viola la Constitución Nacional. En ese sentido, subrayaron que el magistrado aceptó el cargo a pesar de haber afirmado en una audiencia pública ante el Senado que no lo haría.
Fundamentos del recurso presentado ante la Corte Suprema
El documento presentado ante el máximo tribunal solicita que se dicte sentencia absolviendo a Cristina Fernández de Kirchner o, en su defecto, que se remitan los obrados al órgano judicial competente para un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.
Entre los principales argumentos, los abogados sostienen que "se vulneró la garantía de ser juzgado por jueces independientes e imparciales", debido a "las relaciones indebidas que jueces y fiscales de la causa mantuvieron con altos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, opositor a nuestra representada".
Asimismo, denunciaron que el Tribunal Oral Federal Nº2, que condenó a la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, introdujo argumentos y pruebas de cargo no presentadas por la Fiscalía. También remarcaron que se negaron peritajes clave para determinar la existencia de sobreprecios y otras pruebas relacionadas con el financiamiento de las obras adjudicadas a Lázaro Báez.
"Pese a ello, al momento de dictar sentencia, el TOF Nº2 dio por probadas cuestiones directamente vinculadas con la prueba denegada", sostuvieron los abogados. También cuestionaron la validez de la pericia sobre el teléfono celular atribuido a José López, argumentando que no pudo ser debidamente controlada por la defensa.
Por último, denunciaron la vulneración de los principios de legalidad, culpabilidad e inocencia, afirmando que las irregularidades en el proceso judicial "no son errores aislados, sino una decisión deliberada de privar a Cristina Fernández de Kirchner de sus garantías y de dictarle una condena con el fin de excluirla definitivamente de la vida política".
