ÚLTIMO TRAMO JUDICIAL
La batalla judicial por la ejecución de la condena en la causa Vialidad abrió un nuevo capítulo. Un día después de que la Corte Suprema dejara firme la actualización del monto del decomiso a $684.990 millones, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja para intentar frenar la ejecución y eventual remate de bienes alcanzados por la sentencia, una estrategia que también adoptó el empresario Lázaro Báez.
La Corte rechazó los planteos de nulidad y ratificó el monto actualizado que deberán afrontar los condenados, cifra que surge de la actualización de los aproximadamente $85.000 millones originalmente establecidos por el Tribunal Oral Federal N.º 2.
La discusión ahora se concentra en la etapa de ejecución patrimonial. Entre los bienes que podrían quedar alcanzados por el decomiso figuran propiedades de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, hoteles vinculados a las firmas de la familia y otros activos incluidos en los expedientes judiciales.
La defensa de la exmandataria, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, también busca excluir del proceso bienes de Máximo y Florencia Kirchner, argumentando que no existe prueba de que esos activos provengan de los hechos investigados.
Aunque las nuevas presentaciones judiciales podrían demorar algunas definiciones, los recursos de queja no tienen efecto suspensivo automático, por lo que la Justicia podría avanzar con las medidas destinadas a identificar, tasar y eventualmente ejecutar los bienes alcanzados por la condena.
El expediente aún presenta otros frentes abiertos, como la solicitud de la Unidad de Información Financiera (UIF) de intervenir en la administración de los bienes decomisados.
