La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a cargar contra el proceso judicial de la causa Cuadernos y aseguró que el expediente “es algo más que persecución política, es convalidar la mafia”, luego de presentarse este martes en los tribunales de Comodoro Py.
La actual titular del Partido Justicialista (PJ) difundió su postura a través de la red social X, donde compartió un video de su abogado, Carlos Beraldi, en el que se exponen una serie de situaciones que, según sostuvo, evidencian irregularidades judiciales y prácticas ilegales en la investigación.
En su publicación, la ex mandataria hizo foco en el accionar del fiscal Carlos Stornelli y del fallecido juez Claudio Bonadío, a quienes vinculó con supuestas maniobras de extorsión, chantaje y uso indebido de la Ley del Arrepentido.
“Podrás ver las capturas de los chats entre Marcelo D'Alessio y el fiscal Stornelli que prueban la extorsión, el chantaje y el manejo delictivo de la Ley del Arrepentido, además de la violación de la Ley de Inteligencia mediante espionaje sobre abogados defensores”, señaló.

Asimismo, mencionó la existencia de pruebas documentales digitales, audios y fotografías que —según afirmó— acreditan la relación entre D'Alessio y el fiscal, y que fueron incorporadas en el juicio oral contra el primero, cuya sentencia se dictó el 25 de septiembre del año pasado.
En ese sentido, remarcó que en dicho fallo los jueces consideraron que el vínculo entre Marcelo D'Alessio y Carlos Stornelli constituía un “activo muy valioso de la asociación ilícita”, reforzando así su hipótesis de que la causa Cuadernos estuvo atravesada por maniobras ilegales.
La declaración de Cristina Kirchner se produjo en un contexto particular, ya que debió presentarse de manera presencial obligatoria pese a cumplir prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución, en el marco de la condena dictada en la causa Vialidad.
Con este nuevo pronunciamiento, la ex presidenta profundizó su estrategia de cuestionamiento al proceso judicial, al que define como parte de una estructura de persecución política sostenida por sectores del Poder Judicial.


