PROTOCOLO ANTIPIQUETES
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfrenta una denuncia por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público en relación con el operativo de seguridad realizado durante la manifestación contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria en las cercanías del Congreso Nacional.
La acusación formal, presentada este viernes por el abogado Gregorio Dalbón, será investigada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien subroga el juzgado federal 9 de la ciudad de Buenos Aires.
Dalbón solicitó ser citado para ratificar y ampliar la denuncia, que señala el uso de gas pimienta por parte de un policía contra una niña de diez años durante la marcha. La menor, que asistía con su madre, fue rociada con gas pimienta, un incidente capturado en imágenes difundidas por medios de comunicación.
La denuncia se fundamenta en el artículo 248 del Código Penal, que prevé penas de uno a dos años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por dictar resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o por no cumplir con las leyes cuyo cumplimiento le corresponde.
Además de Bullrich, la denuncia también incluye a Alejandra Monteoliva, funcionaria del Ministerio de Seguridad, por presunta violación de deberes de funcionario público. Esta segunda denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García, y quedó a cargo de la jueza federal María Servini.
