Diputados avaló una audiencia pública antes de dictaminar la reforma de la Ley de Glaciares
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina modificó el cronograma de tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares tras aceptar la realización de una audiencia pública previa a la firma del dictamen. La decisión se tomó luego de un pedido formal impulsado por bloques opositores.
A pesar del cambio, el debate continuará este miércoles a las 10 en un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, donde se definirá el esquema de trabajo para los próximos días.
El pedido de la oposición
La solicitud fue promovida por el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, con el acompañamiento de legisladores de distintos espacios, entre ellos integrantes de Encuentro Federal y Provincias Unidas.
En la presentación, los firmantes reclamaron una instancia de debate abierto antes de avanzar con el dictamen, al considerar que se trata de una modificación sobre presupuestos mínimos ambientales vinculados a reservas estratégicas de agua.
El planteo se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, y sostiene que cualquier cambio en el régimen vigente debe garantizar transparencia, discusión técnica y respeto por el principio de no regresión ambiental.
Cómo sigue el cronograma
El bloque oficialista de La Libertad Avanza aceptó la audiencia pública, pero mantendrá los plazos previstos.
Según el esquema que se pondrá a consideración, la audiencia se realizará el martes 10 de marzo entre las 10 y las 19. Al día siguiente, el miércoles 11 a las 12, se convocará a un nuevo plenario para firmar el dictamen.
La reunión será encabezada por el presidente de la comisión de Recursos Naturales, el diputado sanjuanino José Peluc, junto al titular de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz.
Qué propone la reforma
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, ya obtuvo media sanción del Senado el 26 de febrero y ahora debe ser tratada por la Cámara baja.
El proyecto redefine los conceptos de glaciar y ambiente periglacial y establece que la utilización de los recursos naturales en esas áreas quedará bajo la órbita de las provincias. En la práctica, amplía la capacidad de los gobiernos provinciales para controlar y monitorear las zonas incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares.
Además, dispone que cada jurisdicción registre las áreas glaciares y periglaciares con base en estudios técnico-científicos.
Los puntos en debate
Uno de los aspectos más controvertidos es la posibilidad de excluir determinadas zonas del inventario. El texto prevé que, si un área analizada no cumple funciones hídricas relevantes, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) pueda retirarla del registro.
Para sectores de la oposición y organizaciones ambientales, esa cláusula podría abrir la puerta a actividades de exploración o explotación minera e hidrocarburífera en regiones que hoy se encuentran protegidas por la normativa vigente.
Con la audiencia pública incorporada al cronograma, el debate suma un nuevo capítulo en una discusión que combina intereses productivos, autonomía provincial y protección ambiental.