Diputados debatió acciones para investigar las presuntas coimas en ANDIS
En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, al que solo asistieron representantes de la oposición, se analizaron hoy diversas iniciativas que buscan investigar políticamente el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), reveladas a través de los audios del ex titular Diego Spagnuolo.
El presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (UxP), recordó que además de legislar, los parlamentarios tienen la responsabilidad de controlar al Poder Ejecutivo. Entre las herramientas mencionó las interpelaciones, los pedidos de informes y el juicio político como última instancia.
Durante la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad, los diputados opositores advirtieron que la mayoría de los proyectos giran a la comisión de Asuntos Constitucionales, controlada por el oficialismo, y que probablemente no se tratarán, lo que obligaría a un emplazamiento en la próxima sesión.
El presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo (UxP), denunció un “contraste obsceno” entre la situación precaria del sistema de prestaciones y atención a personas con discapacidad y las presuntas coimas que superarían los 500 mil dólares. Señaló que trabajadores de talleres protegidos cobran 28 mil pesos por mes y que los acompañantes terapéuticos discuten aumentos mínimos en sus honorarios.
“Un transportista de personas con discapacidad cobra hoy 541 pesos por litro de nafta, lo que limita la frecuencia de los traslados”, señaló, mientras alertaba sobre hogares y centros de día al borde del cierre por desfinanciamiento.
En relación a las auditorías sobre las pensiones, Arroyo indicó que se hicieron mal, generando desesperación en miles de beneficiarios. Según detalló, de 110 mil bajas, casi 90 mil fueron por problemas de domicilio, con un 40% de notificaciones que nunca llegaron. Criticó la falta de cruce de datos con el Registro Civil y Renaper, lo que evidenciaría irregularidades en la gestión.
La diputada Mercedes de Mendieta (Frente de Izquierda) denunció que bajo la presidencia de Javier Milei, la corrupción “avanza” y calificó al Gobierno de cometer una “enorme estafa” contra personas con discapacidad, utilizando métodos de coimas y sobreprecios, reflejando lo que llamó “recontra casta”.
Por su parte, Juan Marino (UxP) señaló que las investigaciones evidencian una red de corrupción que terminaría en Karina Milei y los Menem, afectando la distribución de medicamentos y la ejecución de programas como “Incluir Salud”.
Esteban Paulón (Encuentro Federal) alertó sobre un esquema de corrupción que llega “a lo más alto del poder” y reclamó la creación de una comisión investigadora para determinar responsabilidades políticas.
Otros legisladores, como Sabrina Selva (UxP) y Leandro Santoro (UP), denunciaron auditorías corruptas en la asignación de pensiones y cuestionaron decisiones que perjudican a personas con discapacidad, señalando que se trató de un ajuste brutal disfrazado de lucha contra la corrupción.
Finalmente, la diputada Natalia Sarapura (UCR) repudió que el Gobierno aún no haya revertido decisiones que afectan los derechos de las personas con discapacidad, subrayando la necesidad de transparencia y cumplimiento de la ley.